No cabe duda de la perversión intolerable que ha supuesto el camino hacia la final liquidación de las cajas de ahorros (que llegaron a representar más del 50% de los activos del sistema financiero) y las medidas de ‘reconversión’ de este subsector.

Sin duda, la muestra más elocuente de su proceso degenerativo lo tenemos en su aceptación de las reglas de juego especulativas que les ofreció el mercado financiero global. Las cajas de ahorro se convirtieron en nuestro país en correas de transmisión de un modelo que apostó por el negocio fulgurante y arriesgado en detrimento del productivo, dando un giro absoluto a su operativa tradicional, que se basaba en escaso o nulo endeudamiento interbancario, aunque el crecimiento fuera más modesto. A todo ello se unió la financiación indiscriminada de empresas insostenibles, políticos de dudosa catadura, o  clientes poderosos para operaciones en paraísos fiscales;  la comercialización fraudulenta de  productos de ahorro complejos y arriesgados entre los pequeños ahorradores; o la imposición de exigencias, cláusulas abusivas y garantías desproporcionadas a consumidores que solicitaban un préstamo para adquirir su primera vivienda.

Frente a esta realidad la mal llamada “reestructuración” del sector “cajas” (en la práctica un proceso de fusiones y liquidaciones ante la quiebra técnica a la que estas entidades fueron llevadas por sus responsables) avanza hacia un evidente intento de pasar página basado en la impunidad, en el que las infinitas irregularidades puestas de manifiesto pretenden liquidarse con juicios-farsa limitados a las (vergonzosas) indemnizaciones y pensiones que antes de culminar el expolio los dirigentes de las cajas se autoatribuyeron. Al tiempo las reformas impulsadas en este proceso de liquidación han acabado con una Obra Social muchas veces discutida, cuya continuidad se pretende vender como garantizada a través de las denominadas ‘Fundaciones bancarias’ en que las antiguas cajas despojadas de su negocio financiero han sido reconvertidas y que corren el riesgo de constituirse en un nuevo fraude a la sociedad, la ciudadanía y los consumidores.

El verdadero esclarecimiento de las responsabilidades y causas de la situación creada y el resarcimiento a las víctimas de gestores nefastos y muchas veces corruptos constituyen uno de los retos actuales, que debiera complementarse con el impulso a nuevas entidades con un nuevo modelo de actuación, más abiertas, más sociales y democráticas, y con una revisión en profundidad y reacción desde la sociedad al nuevo fraude en que pueden derivar unas Fundaciones bancarias que están sirviendo básicamente como agencia de recolocación de altos cargos de las antiguas cajas.