Publicado en la revista La Circular

Hay algo fascinante en la velocidad a la que se está descomponiendo el régimen del 78, esa sensación de estar viviendo los últimos días de Pompeya. El otro día volvía en coche a Madrid desde Lugo. Llevaba la radio encendida e iba escuchando los informativos locales. Fue alucinante. Parecía como si la corrupción fuera una catástrofe natural, un tornado o algo por el estilo, que había ido arrasando todas las ciudades por las que pasa la A6: Lugo, Ponferrada, Astorga, León, Valladolid, Villalba, Madrid…

Uno de los efectos más fascinantes de la extraña mezcla de cleptocracia y neoliberalismo que padecemos es lo radical que se ha vuelto la reivindicación de la normalidad. Intentar llevar una vida más o menos convencional, formar una familia, tener la oportunidad de vivir en el barrio donde naciste, estudiar aquello para lo que tienes vocación, confiar en las instituciones públicas y tener la oportunidad de participar en ellas… Todo ello obliga a cambiar de arriba abajo el mundo que conocemos.

En 1967, durante una marcha en Washington para protestar contra la guerra de Vietnam, la policía tuvo que proteger el Pentágono de un grupo de activistas que rodeó el edificio para intentar hacerlo levitar usando su energía psíquica hasta elevarlo cien metros y, a continuación, conseguir que girara sobre sí mismo de modo que su maléfica energía militarista quedara exorcizada. En 2011, en Madrid, la policía tuvo que proteger el Congreso de los Diputados de hijos, madres, abuelas, nietos, hermanas y novios que aspiraban a un trabajo más o menos estable y a formar una familia. David Graeber explica algo así en Somos el 99%, un libro que se acaba de publicar sobre el movimiento Occupy. Cuenta que mientras se manifestaba en contra de una multinacional que no pagaba sus impuestos pensó: “¿Cómo es que los anarquistas hemos acabado manifestándonos para que las empresas paguen impuestos?” Por supuesto, la respuesta es que los miembros de la derecha neoliberal se han convertido en antisistemas contraculturales. Son ellos los que llevan ropa rara –como trajes de Armani y bolsos Louis Vuitton– y viajan a lugares exóticos, son irresponsables, desprecian la autoridad y el orden institucional.

Esta inversión de los papeles políticos tiene aspectos positivos. El más importante es que nos hemos reencontrado con la potencia política del sentido común, hasta el punto de que, por primera vez en mucho tiempo, tenemos la oportunidad de construir una unidad popular desde la que recuperar la soberanía política que nos ha arrebatado el mercado. Pero también tiene riesgos. Creo que el principal es que confundamos reductivamente la construcción de ese terreno común con las luchas emancipatorias. O, dicho al revés, no deberíamos resignarnos a que la respuesta a esta descomposición del régimen del 78 sea un intento de restauración keynesiana, con toda probabilidad condenado al fracaso. Yo me niego a definir la izquierda política como una reivindicación de la soberanía popular, la sanidad y la educación públicas o la transparencia de las instituciones. Ese es el terreno común que debería subyacer a cualquier política democrática, tanto de izquierdas como de derechas.

Para evitar ese peligro de que el proceso de cambio se convierta en una restauración, necesitamos movimientos sociales que empujen el proceso más allá de sus propios límites. Que nos hagan ver que no merece la pena volver a como estábamos porque la vida en el ultraconsumismo de la década dorada de la economía española también era una mierda. Que nos ayuden a asumir riesgos y costes que hoy nos parecen inaceptables. No es nada abstracto, tiene consecuencias inmediatas y muy concretas. Por ejemplo, me parece que es esencial acabar con la red de educación concertada que creó el PSOE y que ha generado una estructura educativa dual muy elitista. Pero soy consciente de que una medida así, aunque a medio plazo sería muy positiva para todos, a corto plazo despertaría un profundo rechazo en muchas familias usuarias de la concertada, que lo consideraría un sacrificio demasiado grande. Aceptar ese coste, esos sacrificios, sólo es posible desde un compromiso moral firme con un proyecto de sociedad. Algo así es imposible sin movimientos sociales poderosos.

Ahora bien, tenemos que partir de un diagnóstico realista. Que la normalidad se haya vuelto radical no significa que la radicalidad se haya vuelto normal. Ni mucho menos. Es muy antipático decirlo, pero la verdad es que nosotros somos el otro 1%: el socialismo, el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo son radicalmente minoritarios. Somos el 1% que tiene que ir de la mano en este proceso con el 99% de la gente que hasta antes de ayer jaleaba a la Esperanza Aguirre del tamayazo.

Si hay algo peor que el conservadurismo político es el conformismo de izquierdas que, además, se suele disfrazar de triunfalismo. Hace unos años la revista The Onion publicó un artículo satírico titulado “EE.UU. termina la guerra de Irak en un digno segundo puesto”. Es un excelente resumen de algunos diagnósticos que se hacen de la situación de los movimientos sociales desde la izquierda radical. Se transforman victorias pírricas en síntomas de cambios estructurales. Esperanza Aguirre nos dijo este verano que éramos una coalición de perdedores. Y tenía toda la razón. La historia de los movimientos sociales de las últimas décadas es la de una derrota tras otra.

Así que creo que tenemos que ser muy conscientes de que partimos de un terreno social devastado por completo. La gran victoria del neoliberalismo no fue aumentar la desigualdad o aumentar los beneficios, eso se puede hacer de otras maneras. Su auténtico triunfo fue desarbolar la sociedad civil, convertirnos en una sociedad frágil, individualista y consumista. Esa es, creo, la auténtica herencia del 78, la deslegitimización de las instituciones políticas o la corrupción son síntomas de esa realidad sociológica más profunda.

Algunos de los debates más frustrantes que se han producido en Podemos tienen que ver precisamente con esa situación. Santiago Alba Rico recordaba hace unos meses el peligro de caer en un elitismo democrático que busca “convertir a todos los ciudadanos en activistas permanentes y privilegia la minoritaria militancia como fuente de decisiones soberanas”. Alba Rico señalaba con lucidez cómo de este modo quedaría marginada una mayoría social que carece de los recursos –como tiempo, capital simbólico o, sencillamente, interés– de los activistas. Seguramente es verdad. Pero también es cierto que no está nada claro que el poder del que se priva a los militantes más activos se vaya a trasladar a una capa más amplia de simpatizantes. Es fácil que acabe, de hecho, en las manos de la dirección del partido. En un contexto social fragilizado, el uso de primarias abiertas o de mecanismos tecnológicos de intervención generan una ilusión de participación democrática que finalmente acaba concentrando la toma de decisiones.

La solución a esta antinomia –la búsqueda de un equilibrio entre participación y representación– sólo tiene sentido en un entorno político y social denso. Desde nuestro erial social, en cambio, resulta completamente desconcertante. No sabemos muy bien cómo se construye la sociabilidad. Lo que sí sabemos es que se parece más al cristal que a la plastilina, una vez rota es muy difícil volver a pegarla sin que quede una cosa monstruosa. Construir sindicatos, asociaciones vecinales, cooperativas, redes de apoyo mutuo… sociedad civil, en suma, es increíblemente lento y difícil, nos puede llevar décadas. Y ese proceso de largo recorrido tiene que convivir con procesos mucho más inmediatos, por ejemplo, ciclos electorales explosivos. Así que deberíamos prepararnos para seguir conviviendo con contradicciones profundas.