Publicado en elconfidencial.com, 31 de octubre 2015

Si los médicos de hoy no se convierten en los nutricionistas de mañana, los nutricionistas de hoy serán los médicos del mañana”.

Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina en 1912.

 

Hace unos días nos sorprendían los nutricionistas extremeños, a través de laAsociación de dietistas y nutricionistas, dando la voz de alarma sobre el estado nutricional de los comedores escolares. Denuncian que no se está cumpliendo lo que dictamina la ley de seguridad alimentaria y nutrición que establece unas condiciones para los menús escolares y la supervisión por parte de profesionales con formación acreditada en Nutrición humana y Dietética.

Indican que las empresas concesionarias, a pesar de contratar a estos profesionales, después no cumplen las condiciones que exigen menús saludables, abusando de productos precocinados, fritos y dulces. En el caso de los colegios privados, parece ser todavía peor, ya que a veces ni se contrata al nutricionista y se intenta abaratar costes a través de la calidad de los alimentos. Y lo que es peor, esta asociación de nutricionistas denuncia también que los hospitales tampoco cumplen con criterios saludables y adecuados a cada paciente en sus menús.

Afortunadamente, la presión ejercida, tanto por asociaciones de padres como de nutricionistas, ha dado sus frutos y la Consejería de Educación de la Junta va a iniciar una inspección al respecto. En mi opinión, esto valdrá de algo, siempre y cuando las empresas de catering concesionarias no pertenezcan a alguien que financie partidos políticos o sea familiar de algún cargo importante en la Administración. Para un verdadero control, fiable e independiente, es la Administración pública la que debería poner los nutricionistas titulados en los colegios y hospitales, y no las empresas concesionarias siendo juez y parte.

Ocurre que España es el único país de la UE que no cuenta con nutricionistas titulados en la Sanidad pública; ni en atención primaria, ni especializada, ni hospitalaria. Esto quiere decir que si algún paciente necesitara ser atendido por estos profesionales, se lo tendría que pagar por su cuenta en consulta privada (y ojo al intrusismo, ya que abundan los naturópatas, entrenadores físicos, o gente con cursillos varios ejerciendo de nutricionistas).

La inclusión del nutricionista en la Sanidad implica un ahorro en el gasto público, principalmente en consumo de fármacos, ingresos y la duración de estos

Hace ya años que existe la titulación universitaria en Nutrición Humana y Dietética (Grado universitario, antes Diplomatura) reconocida por los estamentos públicos, tanto por el Ministerio de Educación (funciones antes ejercidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación), como en la ley de ordenamiento de profesiones sanitarias, pero sin que se incluyan nutricionistas en la Seguridad Social.

Estas circunstancias no sólo contradicen la resolución sobre asistencia nutricional hospitalaria del Comité de Ministros del Consejo Europeo, sino que además provocan un altísimo índice de desnutrición hospitalaria entre los pacientes ingresados que, en la mayoría de los casos, no existía en el momento del ingreso.

Hoy en día, la asistencia nutricional en la Sanidad pública (tanto la consulta como la atención en planta) es realizada normalmente por un médico, cuya formación en nutrición es muy escasa al no ser una asignatura obligatoria en su carrera. Algo parecido a lo que ocurre también en el caso de las enfermeras, que son los otros profesionales que realizan las funciones del nutricionista actualmente, cuya formación nutricional es también escasa durante la carrera.

Pueden ustedes pensar que este artículo es un alegato personal para que mi profesión se vea por fin reconocida, después de más de diez años de ninguneo, y no se equivocarían. Pero no es sólo eso, ya que la inclusión del nutricionista en la Sanidad pública no sólo repercutiría en una mejora de la salud pública y la calidad de vida de todos, sino que también implica un ahorro en el gasto público, principalmente en consumo de fármacos, ingresos y la duración de estos, como ha demostrado el caso holandés.

En los países desarrollados, tres cuartas partes de las muertes se deben a enfermedades directamente relacionadas con la alimentación

En aquel país decidieron hacer recortes en su sistema sanitario y sacar a los profesionales de la nutrición. Estos protestaron alegando que su trabajo es eficaz y ahorra dinero. Para demostrarlo, encargaron a una entidad independiente y externa la elaboración de un informe detallado sobre el coste/beneficio de su actividad. Las autoridades holandesas readmitieron a estos profesionales después de evaluar los resultados de este informe, y es que son apabullantes:

“El tratamiento practicado por un dietista-nutricionista aporta diversos beneficios sociales. La salud del paciente (y la de su familia) mejora, y de esta forma se evitan costes en la atención sanitaria al tiempo que se genera un menor número de pacientes. En un periodo de cinco años se estima que el tratamiento de los pacientes con obesidad y sus enfermedades relacionadas supondrá un ahorro de entre 500 y 2.300 millones millones de euros. Por cada euro invertido en el asesoramiento dietético de estos pacientes la sociedad recibe a cambio un neto de entre 14 y 63 euros: 56 euros en términos de mejora de la salud en general; tres euros en el ahorro neto del coste de las atenciones sanitarias; y los otros cuatro en términos de aumento de la productividad [del paciente que coge menos bajas]”.

En España, la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) ya presentó en 2010 en el Senado un estudio con datos y conclusiones en la misma línea que el estudio holandés. Pero de momento no ha habido movimientos, tampoco en el Ministerio de Sanidad.

También hay una asociación de nutricionistas y dietistas (Dietética sin patrocinadores) que bajo el lema “Sanidad desnutrida”, convocó este año una manifestación frente al Ministerio de Sanidad, junto a la Marea Blanca, y está ejerciendo presión para la incorporación de los profesionales de la nutrición a la Sanidad pública.

No olvidemos que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en los países desarrollados tres cuartas partes de las muertes se deben a enfermedades directamente relacionadas con la alimentación.

En esa misma línea, se ha publicado recientemente un estudio en la prestigiosa revista ‘The Lancet’, que confirma a la alimentación como principal causa de enfermedad y muerte. En cuanto a obesidad y sobrepeso, los datos arrojados por el último informe de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para España no son buenos: uno de cada seis adultos es obeso y más de uno de cada dos tiene sobrepeso (incluidos obesos).

Las tasas de sobrepeso infantil son altas también en España en comparación con otros miembros de la OCDE, ya que el 26% de los varones y el 24% de las niñas tienen sobrepeso, frente al 23% de niños y 21% de las niñas de promedio en los países de la OCDE. Y la obesidad infantil se sitúa en el 18,3% (15,5% niñas y 20,9 los niños), según datos del Ministerio de Sanidad.

Por todo lo expuesto, no deberían esperar más las autoridades competentes para prestar atención a este asunto, y ofrecernos a todos la atención sanitaria que merecemos, ahorrando además recursos.