En medio de la campaña de “la segunda vuelta”, en estos tiempos acelerados, he conseguido sacar unas horas por la tarde y volver a la Facultad de Filosofía de la Complutense, la facultad en la que me formé académica y políticamente. Allí aprendí casi todo. Me he reencontrado con profesores y alumnos, con los que me enfrenté en el pasado al enorme proceso de descomposición de la universidad pública, que aún hoy sigue en marcha . Ese proceso de descomposición consiste en la colonización de la universidad por parte de los intereses económicos y la introducción de criterios de mercados en un ámbito que debiera, en buena medida, quedar protegido de ellos. Nos hemos vuelto a encontrar en un nuevo episodio de esa larga serie de acontecimientos, aunque ya en una situación política y social bien diferente. De aquella lejana huelga a la japonesa en primer año de licenciatura a este junio de 2016, han ocurrido demasiadas cosas en la universidad, pero, sobre todo, fuera de ella.

Primero, los hechos del nuevo capítulo en cuestión. Se ha convocado una asamblea de facultad para informar a la comunidad universitaria de la “propuesta” del rectorado de reestructuración de la universidad, debatir posibles escenarios y plantear una respuesta organizada. Ese plan del actual rectorado, dirigido por Carlos Andradas, pretende reducir los actuales 185 departamentos en un 60% y las 26 facultades existentes en 17 en aras de la eficiencia económica en la Universidad pública y, en último extremo, en la sociedad, se entiende. El vicerrector de estudiantes, Julio Contreras, ha tenido el valor de acudir a la asamblea a tratar de explicar la propuesta del rectorado y dar su particular punto de vista.

A pesar de su mejor voluntad, las explicaciones han sido completamente insuficientes por diferentes motivos. En primer lugar, no ha sido capaz de hacer entender la jugada maestra del rectorado de dar a conocer un plan con repercusiones tan grandes – en términos de imprevisibilidad – en pleno período de exámenes, matriculaciones y a las puertas del verano. No era, desde luego, la mejor idea de fomentar el diálogo y un debate razonado dentro de la comunidad educativa. Y siempre lanzan sospechas sobre uno mismo estas casualidades del calendario. En segundo lugar, tampoco ha dado una sola razón por la cual el plan de organización pretendidamente “eficiente”, presentado en un triste power point sin memoria jurídica, ni económica, era un “buen plan”. Más allá de la sugerencia banal de que era posible encontrar una unidad con mayor grado de funcionalidad en la universidad que la facultad y tratar de dibujar insatisfactoriamente la oposición a la propuesta como una panda de inmovilistas y autocomplacientes con la actual universidad pública en ruinas, no se podían rastrear más argumentos.

Sin embargo, ha dicho una frase, después de recordar su recorrido desde 2008 en defensa de la universidad pública, con la que estoy completamente de acuerdo y que, creo, merece la pena destacar: “la defensa de la universidad pública es poliédrica, se hace desde diferentes lugares”. Es un buen punto de partida el hecho de compartir una convicción fundamental: por supuesto, la Universidad pública se defiende desde sus instituciones, desde las aulas, desde las calles y desde el Estado. Dicho así, no se entiende por qué el equipo rectoral no ha decidido abrir un debate entre los diferentes agentes de la comunidad universitaria y plantarse juntos ante la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, que le debe dinero a la Universidad Complutense como han establecido los tribunales y la mantiene en unas condiciones de infrafinanciación, que sólo la dejan elegir entre el mal y el mal menor. Quizás, en 2008, el argumento de Contreras de hacer lo que se pueda en este momento, plegándose a la eficiencia económica como un tótem de nuestra tribu, tenía más peso y eco social. A estas alturas de 2016, cuando quedan menos de dos semanas para unas elecciones decisivas, en las que se dirime una encrucijada histórica, el rectorado debería dedicarse a poner la cuestión universitaria en el foco mediático alineado con la comunidad educativa.

Por último y sin dejar de decir que es un orgullo haber estudiado, aprendido y militado tanto en esa facultad, creo que es importante una cosa más. La filosofía es una disciplina única, que creo que debe ser conservada por ser un bien en sí mismo, y nuestra facultad es un reducto a conservar, donde se imparte este saber de segundo grado, pero no es lo único, ni lo más importante en juego. La Complutense, una vez más, puede servir de laboratorio para unas “reformas” que posteriormente se extiendan a otros lugares de nuestro país. Lo que está en juego es la dirección de esas reformas. Éstas pueden profundizar la descomposición de la universidad pública y herir de muerte a una disciplina como la filosofía, que no puede plegarse, como muchas otras realidades de la civilización, a un criterio puramente abstracto como es el de eficiencia económica. O pueden reforzar el carácter público de la universidad así como su calidad y convertirla en un pilar de una sociedad, que respete la ciencia, la filosofía, sus saberes históricos y no renuncie a competir en términos de conocimiento. Pongamos la cuestión universitaria en el primer plano mediático, convirtámoslo en un tema decisivo del panorama político español, utilizando la campaña electoral, organicemos a los y las estudiantes junto al profesorado precario de las diferentes facultades para empujar a la comunidad educativa a su defensa. Planteemos una reforma para dar solución a la cuestión universitaria y pueda estar a la altura del nuevo país que viene. No es cuestión de una asamblea de facultad por muy numerosa que sea, es cuestión de un país.