Publicado en www.elmundo.es, 16 de octubre 2015

El Gobierno del Partido Popular ha forzado la anormalidad democrática de aprobar cinco presupuestos generales durante esta legislatura, apelando a la “responsabilidad” económica. El varapalo que estos días ha recibido de la Comisión Europea evidencia que el adelanto en la elaboración del presupuesto y elretraso en la celebración de las elecciones obedecían a los intereses espurios del propio Partido Popular, no a los del país.

Aparte de denunciar este uso partidista del presupuesto, nuestra crítica a la política económica del Partido Popular y a estos presupuestos generales tiene una doble dimensión.

Por un lado, la relativa a la incoherencia y contradicciones de dicha política: ésta tiene como resultado un claro debilitamiento de la capacidad fiscal del Estado, que al final se acaba traduciendo en incumplimientos de sus propios objetivos y en nuevos recortes. Por otro lado, pensamos que la orientación de los presupuestos está desenfocada.

Siguen centrándose en unos objetivos de déficit impuestos (y aceptados por el Gobierno), en vez de plantearse las medidas adecuadas para los objetivos que sí deberían ser prioritarios: reducir el desempleo, atender a las necesidades sociales y favorecer la transformación estructural de la economía española.

Vayamos a lo primero. A pesar del contexto de incipiente crecimiento económico,los ingresos del Estado son inferiores a las previsiones del Gobierno, precisamente como consecuencia de sus propias decisiones. El desajuste más relevante es el provocado por el creciente déficit de la Seguridad Social que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), podría llegar a ser el año próximo cinco veces superior a lo previsto.

Esto se explica no sólo por las diversas “tarifas planas” aprobadas por el ejecutivo, que además son ineficientes, sino también por el tipo de empleo que su reforma laboral y la devaluación salarial promueven.

La creación de empleo precario y de bajos salarios mina las bases de cotización del sistema, y explica que en la actualidad la Seguridad Social ingrese 300 millones menos al mes que en 2011, cuando había un menor número de afiliados.

Por otro lado, la rebaja fiscal que entró en vigor el pasado mes de julio no sólo refuerza la regresividad de nuestro modelo tributario. También contribuye a reducir la recaudación del Estado que, no lo olvidemos, ya es un 9% del PIB inferior a la media europea.

Lo que la evidencia de los años recientes muestra es que la austeridad no funciona, y que se necesita un profundo cambio en la orientación de la política económica.

Por último, conviene tener presente que el Gobierno ha seguido engrosando en 2015 la cifra de las ayudas públicas destinadas al rescate financiero que se dan por perdidas (los quebrantos ascienden ya a 40.000 millones de euros), lo que también se refleja en las cuentas públicas.

Es sorprendente, por tanto, que la respuesta que ante estos desequilibrios parecen esperar en Bruselas -tanto socialistas como conservadores- es que se pongan en marcha nuevos recortes, en lugar de cuestionarse el modelo de precariedad laboral que las políticas de devaluación salarial han impuesto. Al contrario, lo que la evidencia de los años recientes muestra es que la austeridad no funciona, y que se necesita un profundo cambio en la orientación de la política económica.

El próximo Gobierno deberá aplicar una política económica distinta basada en revertir los recortes aplicados durante la crisis y atender las prioridades sociales y las debilidades estructurales que tiene nuestra economía: crear empleo suficiente y de calidad, reducir la desigualdad, disminuir nuestra dependencia energética y avanzar en una verdadera transformación de nuestra estructura productiva.

Para que ello sea posible será necesario, efectivamente, rehacer por completo los presupuestos actuales -aunque en un sentido muy distinto al sugerido por Bruselas- y tomar, entre otras, las siguientes decisiones fundamentales de política económica.

En primer lugar, se debe establecer un calendario de reducción del déficit más prologado en el tiempo, que permita utilizar los recursos fiscales derivados de dicha ralentización para revertir los recortes practicados en los servicios públicos fundamentales durante los últimos años, para financiar una nueva política de inversiones públicas e infraestructuras sociales, y para poner en marcha un plan de renta garantizada para todas las familias con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

Se debe impulsar la recaudación con una reforma tributaria que luche contra el fraude, refuerce la progresividad y recorte nuestras diferencias con Europa. Al menos, esto debería permitir un aumento de dicha recaudación del orden del 3% del PIB.

Además, deben derogarse las dos últimas reformas laborales, que han contribuido a precarizar aún más el empleo y con ello a descapitalizar la Seguridad social. Estas reformas deben sustituirse por el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales que favorezca la estabilidad en el empleo y equilibre la negociación colectiva.

Finalmente, es necesario asegurarse de que las entidades financieras se hagan cargo de su propio rescate, devolviendo las ayudas de dicho rescate a la Unión Europea.

En definitiva el cambio más importante en la política económica es el de la inversión del orden de prioridades, poniendo la corrección del déficit de empleo, el déficit social y el déficit estructural de la economía española por delante de la corrección del déficit fiscal.

Nacho Álvarez es Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y responsable económico de Podemos.