Intervención de Carlos Cruzado (presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha) en las Jornadas Plan de Rescate Ciudadano celebradas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 20 y 21 de abril.

La necesidad de una verdadera reforma fiscal, y la de buscar salidas a un problema, como es el de la economía sumergida y el fraude fiscal, en nuestra opinión, está suponiendo un lastre para la salida de la crisis en la que aún nos encontramos inmersos. Cuestión que ha amplificado, sin duda, los efectos perversos de ésta, dado el grave problema que, desde el punto de vista fiscal, nos afecta en relación con la caída de la recaudación tributaria.

Suficiencia, equidad y tolerancia cero con el fraude son los tres retos a los que nos enfrentamos al analizar nuestro sistema tributario y su necesidad de reforma, y sobre los que va a girar mi intervención, en la que expondré sintéticamente las opiniones y propuestas al respecto de mi organización.

Siete años después del inicio de la crisis, aún no hemos recuperado el nivel de ingresos tributarios estatales. Los datos de recaudación anual a diciembre de 2014 arrojan un déficit en relación con 2007 de más de 25.000 millones. Y si comparamos nuestro nivel de presión fiscal con el de la media UE, nos encontramos siete puntos por debajo de la media (32,5 frente al 39,4).

Según señalaba Eurostat, las variaciones a la baja que se producen en la entrada de ingresos en España tienen que ver con “caídas en la actividad económica y en el nivel de empleo”, pero también con “modificaciones de los impuestos, cambios de legislación o por mayores exenciones que se aplican” Y siendo esto obviamente así, sobre todo como consecuencia del desempleo, lo cierto es que nosotros entendemos que hay otro factor fundamental en la variación a la baja y, en definitiva, en el diferencial de casi 8 puntos que se da entre la presión fiscal en España y la de la UE, y es la enorme cifra de economía sumergida y fraude fiscal que sufrimos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que esos 8 puntos del PIB suponen aproximadamente 80.000 millones que deberíamos ingresar por tributos y cotizaciones sociales, para alcanzar la media de presión fiscal de la UE, podemos concluir que la mitad de ese diferencial es atribuible a la diferencia que en cifra de economía sumergida nos separa de los países de nuestro entorno, y que como veremos después, supone unos 10 puntos del PIB (nuestra economía sumergida está en una cifra equivalente al 24,6% mientras que la media de dichos países está en torno al 13%/14%, excluyendo a Grecia e Italia, que están en un nivel superior o igual al nuestro), de manera que en ingresos, dicho recorte supondría unos 40.000 millones.

Lo que demuestra la importancia e influencia que la economía sumergida y el fraude fiscal tiene en lo “poco” que recaudamos.

Pero la caída de los ingresos tributarios producida entre 2007 y 2009 no tiene un efecto homogéneo en todas las figuras impositivas, de manera que, fijándonos en las principales, podemos observar cómo mientras que en el IRPF la caída es de algo más del 11%, en el IVA alcanza un 40% y en el Impuesto sobre sociedades es de casi un 60%. Y, mientras que en los dos años siguientes 2010 y 2011 los dos primeros recuperan parte de la caída hasta quedar ésta reducida a un 4% y un 12% respectivamente, el Impuesto sobre sociedades continúa su caída en picado hasta llegar a casi el 70%. A cierre del ejercicio 2014, dicha caída aún está en casi el 60%, mientras que los otros impuestos han recuperado el mismo nivel del 2007.

Conviene recordar en este momento, en relación con el peso de la recaudación de los más importantes tributos a nivel estatal, que el IRPF supone el 42% del total, el IVA el 30% y el impuesto sobre sociedades el 13%. Si a esto añadimos que en la recaudación del IRPF, un 84% de los ingresos proceden de los rendimientos del trabajo, el 9% de los de capital y el 7% de los rendimientos de actividades económicas, concluiremos que el IRPF sigue siendo el pilar de nuestro sistema tributario en cuanto a recaudación. Y ello, unido al hecho de que juntamente con el IVA supone más del 70% de la recaudación total del Estado, y que el IVA graba en mayor medida a las rentas bajas y medias, viene a evidenciar la tantas veces repetida percepción de que el sistema tributario actual se apoya mayoritariamente sobre los trabajadores.

En cuanto a las razones de este desplome, y al margen de la caída de la actividad económica, como ya hemos apuntado habría que referirse a la economía sumergida y el fraude fiscal así como al proceso, iniciado mucho antes del 2007, de bajada de impuestos, que desde luego no afectó a todos los sectores de contribuyentes por igual, sino que tuvo un efecto especialmente favorable para los de mayor poder económico:

  • Práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones (cuando estableciendo una regulación con mínimos exentos equilibrados se modificaría lo injusto del impuesto).
  • Supresión del Impuesto sobre patrimonio (la excusa era, al igual que para la de sucesiones, que tenía muchos fallos. Solucionémoslos, pero no los suprimamos).
  • Conversión de las rentas de capital en rentas del ahorro con distinto tratamiento, mucho más beneficioso para estas últimas que para las del trabajo.
  • Y sobre todo, la rebaja, primero nominal, del 35% al 30% (en 2015 del 27%), y luego encubierta, a través de la pléyade de deducciones para su utilización por las grandes compañías, que nos lleva a la actual situación de regresividad del impuesto, a la que luego nos referiremos.
  • En este proceso de bajada habría que incardinar, también, las facilidades que se les ha ido dando a los contribuyentes de mayor capacidad económica para eludir el pago de sus impuestos (SICAV, ETVE, Ley Beckam, etc).

No obstante la tendencia a sustituir impuestos directos por indirectos, lo cierto es que las encuestas nos dicen que los ciudadanos son partidarios de que la recaudación tributaria se efectúe, sobre todo, a través de los impuestos directos. Los últimos datos publicitados por el CIS, relativos a la encuesta sobre opinión pública y política fiscal así lo demuestran, incluso atendiendo a la opinión de los ciudadanos en virtud de su intención de voto. En el peor de los casos, más que duplican quienes entienden que debería ser así, frente a los que piensan que deberían tener más peso los impuestos indirectos. La conclusión que se podría sacar es que los gobiernos atienden más a determinados grupos de presión que a los ciudadanos.

Economía sumergida y fraude fiscal

Estimar la economía sumergida es una tarea difícil, ya que se trata de medir algo que no es observable directamente en la mayoría de las ocasiones; pero tal dificultad no puede desanimarnos a abordar dicha tarea, cuyos resultados pueden servir, tanto para tomar conciencia de la importancia del fenómeno, como para adoptar, con mayor conocimiento, las necesarias medidas para intentar reducirlo.

En los últimos años se han publicado multitud de estudios cuantificando el volumen de la economía sumergida a nivel nacional, que explican sus causas y sus consecuencias y que ponen de manifiesto el efecto sobre la recaudación tributaria de una lucha eficaz sobre su erradicación.

A pesar de las diferentes cifras que arrojan estos estudios, en función de la metodología empleada, lo cierto es que todos cuantifican la economía sumergida en España en el entorno del 20/25% del PIB, lo que supone una cifra muy abultada, y con un diferencial considerable respecto de los países de nuestro entorno.

INFORME GESTHA/UNIVERSIDAD ROVIRA VIRGILL

El dato que refleja nuestro estudio es el de una cantidad equivalente al 24,6% del PIB -253.000 millones de euros-, con un crecimiento de 60.000 millones desde el inicio de la crisis.

En cuanto a las causas que, a nivel nacional, estarían detrás de este importante incremento, detectamos básicamente cuatro:

  • El efecto “arrastre” provocado por el “boom” inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia en la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
  • El espectacular repunte del paro.
  • Las subidas de impuestos, que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario. En este sentido, analizando los países de la OCDE, observamos cómo los países más desarrollados son los que presentan mayores tasas de presión fiscal pero, sin embargo, presentan tamaños de economía sumergida bajos o relativamente moderados, sin embargo para los países menos desarrollados ocurre lo contrario. Presentan altos niveles de economía sumergida y, en general, presiones fiscales menores a las de los países más desarrollados. España se encuentra en una posición intermedia aunque más cercana a los países menos desarrollados de la OCDE.
  • La multiplicación de casos de corrupción política y empresarial, con el negativo efecto que tienen sobre la conciencia fiscal de los ciudadanos.

Este último punto es destacable, por cuanto supone una novedad en este tipo de informes. Analizados los países de la OCDE, observamos en el informe como hay una correlación directa entre aquellos países con menor nivel de transparencia (fenómeno fuertemente relacionado, a su vez, con la corrupción) y mayores volúmenes de economía sumergida. Mientras que los países con mayor transparencia y, por tanto, menor corrupción, tienen índices más bajos de economía sumergida. Y a este respecto, cabe destacar que en España acaba de entrar en vigor hace sólo unos meses la ley de transparencia, mientras que los países europeos de nuestro entorno hace décadas que disponen de ellas. En esta línea, el primer informe sobre la corrupción en Europa, publicado en 2014 por la Comisión Europea, coloca a nuestro país entre los más azotados por este fenómeno, destacando que el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada en nuestro país, frente al 76% de media en la UE. Sólo Grecia, con un 99% se sitúa por encima de España en este campo. Asimismo, el 63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, frente a un 25% de media en la UE.

No hay que olvidar que detrás de la existencia de un determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser. Se trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con la economía sumergida (por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda en general) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva. Al contrario, cuando una sociedad percibe que este tipo de actitudes y comportamientos perjudica a la colectividad y son condenables es cuando el problema de la economía sumergida se minimiza. Y en este sentido, los múltiples casos judiciales que afectan a las élites política y empresarial son un reflejo de esa cultura permisiva con el fraude y su actitud no incentiva a la ciudadanía a pagar sus impuestos.

Por último, y muy relacionado también con el nivel de conciencia fiscal, debemos hacer referencia a la percepción que los ciudadanos tienen respecto de la justicia del sistema fiscal, y según los últimos datos del CIS, a julio de 2013, el 87% de los españoles piensan que los impuestos no se pagan justamente. Percepción que se corresponde con la realidad si analizamos los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución deben informar nuestro sistema tributario (generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica), hoy en entredicho como consecuencia del fraude, de las SICAV, de las ETVE y de otros mecanismos de elusión, de la diferencia entre la tributación de las distintas fuentes de renta, de los menores tipos efectivos pagados por las grandes empresas respecto de los pagados por las pymes, de la amnistía fiscal, del funcionamiento de la AEAT, etc

El artículo 31 de la Constitución Española establece un mandato respecto de cómo debe ser el Sistema tributario español, y nos señala los principios que debe contemplar el mismo para que sea considerado justo: Generalidad, contribución de acuerdo con la capacidad económica, igualdad y progresividad. Este artículo fue, al igual que el resto del contenido de la Constitución, fruto del consenso constitucional alcanzado por las fuerzas políticas en el año 1978, y responde a los principios que, teóricamente, inspiraban todos los sistemas tributarios de los países de nuestro entorno.

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”

Igualdad

En el año 2012 asistimos a una decisión de política tributaria del Gobierno que pone en tela de juicio este principio de una forma palmaria, como es la de decretar una amnistía fiscal, que no sólo perdonó las sanciones, recargos, intereses de demora e incluso la posible responsabilidad penal en que se pudiera haber incurrido como consecuencia de delito fiscal, sino que vino a bonificar fiscalmente a los defraudadores, estableciendo un gravamen del 10% sobre las cantidades afloradas, lo que está muy lejos de los tipos de la escala general del IRPF e incluso de los establecidos para los rendimientos del capital y del tipo nominal para el Impuesto sobre sociedades, por hablar sólo de los impuestos sobre los que tiene efecto la amnistía y no del IVA (tipo general del 21%)

De otro lado, hay que destacar como contrarias a este principio las decisiones adoptadas en política tributaria sobre la base del argumento tan recurrente para algunos (políticos, economistas, tertulianos, grupos de presión, etc), cuando se plantea la posibilidad de aumentar la carga tributaria de los contribuyentes con más capacidad económica, o de suprimir los mecanismos de elusión que la normativa, tanto por acción como por omisión, pone a su disposición para reducir su factura fiscal, de que estas modificaciones legislativas pueden tener un efecto negativo, por cuanto pueden provocar la “huida de capitales” hacia otros territorios en los que las condiciones fiscales les sean más propicias. Lo cual, además, supone olvidar que, con independencia de las decisiones que sobre estas cuestiones se adopten, siempre contarán estos contribuyentes con la posibilidad que les brindan los “paraísos fiscales”, en tanto no haya una verdadera voluntad política por parte, tanto de las autoridades políticas nacionales como de las Instituciones supranacionales, de acabar con dicha lacra. Este argumento y su efectividad sería otra de las causas, relacionadas con la falta de equidad del sistema, que estarían contribuyendo, directamente, a mantener bajo mínimos la conciencia fiscal de los ciudadanos

Por último, y en lo que se refiere a los aspectos relativos a la aplicación y control del sistema tributario, la actuación de la Agencia Tributaria demasiadas veces no está en concordancia con este principio. De hecho, su forma de actuar, más volcada en el control de las discrepancias que resultan de lo declarado por los perceptores de rentas del trabajo y autónomos y pymes con los datos de que dispone, que con la investigación de las bases no declaradas, a la que dedica unos recursos menores, por no hablar del control de las grandes empresas y fortunas, al que sólo dedica un porcentaje de ellos inferior al 20%, supone, de alguna manera, obviar el principio de igualdad del artículo 31, al que no sólo se debe sujetar el legislador al aprobar las normas tributarias, sino también el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, al controlar y aplicar las mismas. Asimismo, podemos enumerar diversas actuaciones que han tenido cierta repercusión mediática y que suponen el haber dado un tratamiento distinto, que sino decimos de favor, si lo podemos considerar como “más condescendiente”, a unos contribuyentes que a otros: Caso de los listados del HSBC y antes de los del Principado de Liechtenstein, investigaciones sobre operaciones de uso de billetes de 500, aplazamientos y fraccionamientos otorgados a los Clubes de futbol, etc.

Progresividad

Si nos fijamos en el IRPF que, como hemos visto, es el de mayor potencia recaudatoria del sistema, así como el más “progresivo”, dada la escala de tipos, desde el 24,75% hasta el 52% (20% hasta el 47% para 2015), y analizamos los tipos medios efectivos por tramos de bases liquidables, observamos como a partir de determinados niveles el tipo comienza a disminuir; y ello, debido a la “dualidad” del impuesto, ya que se grava con menores tipos a los rendimientos de capital que a los provenientes del trabajo o de actividades económicas, unido al hecho de que a medida que crece la base liquidable el peso de los últimos rendimientos disminuye, aumentando el de los primeros, con el efecto que sobre el total tiene el menor gravamen de estos. Y esta circunstancia es la que lleva finalmente a que el IRPF acabe perdiendo su carácter de progresivo a partir de determinados niveles, para pasar a ser regresivo.

De otro lado, y tomando como base el Impuesto sobre sociedades, que sin tener el carácter de progresivo, al aplicar un tipo proporcional, si que en este momento contempla varios en función del tamaño de las entidades, se da la circunstancia de que un análisis de los tipos medios efectivos que pagan las mismas, clasificadas en función de distintos tramos de facturación, nos conduce a la conclusión de que nos encontramos ante otro impuesto finalmente regresivo, dado que los tipos medios efectivos de las grandes sociedades que facturan más de 1000 millones de euros están hasta 5 puntos por debajo de los que pagan finalmente las pymes, a pesar de que éstas tienen un tipo nominal 5 puntos menor que el de aquéllas. Y todo ello, como consecuencia de la mayor utilización y optimización de las deducciones y regímenes especiales contemplados por la Ley por parte de las más grandes sociedades.

Generalidad y capacidad económica

Analizando estos principios, debemos decir que los fenómenos de la elusión y la evasión fiscal, teniendo en cuenta el montante que alcanza en España este fenómeno, convierten en papel mojado tales principios.

A la evasión fiscal ya nos hemos referido, y en lo referente a la elusión fiscal, las grandes compañías y patrimonios lo tienen muy fácil. Basta referirnos al fenómeno de las SICAV, tan comentado, a través del cual algunas personas o familias utilizan una figura prevista para la inversión colectiva como vehículo de inversión privado, al controlar la gestión de la misma, pues ostentan la práctica totalidad de la participación en el capital. Lo que les permite dirigir las inversiones a su gusto, sin necesidad de tener que hacer efectivas las plusvalías acumuladas, y por tanto diferir sine die la tributación de las mismas. El problema, por tanto, no es la tributación del 1% de la sociedad, como cualquier otra de inversión colectiva, aunque puede, sin duda ponerse en tela de juicio la existencia de este régimen especial, si bien quizás la solución del aumento de tributación debería adoptarse de forma global, sino la necesidad de poner coto a esa utilización de forma que se pervierte la razón de ser de una institución de inversión colectiva, y para ello venimos proponiendo desde mi organización la modificación de la normativa reguladora, estableciendo un límite a la participación de una persona o grupo familiar en el capital máximo autorizado, que podría estar entre el 3% y el 5% del mismo.

Propuestas

En consecuencia, y ya entrando en las propuestas que desde GESTHA venimos planteando para reducir la alta cifra de economía sumergida a la que nos hemos referido, entendemos que es necesario abordar una verdadera y completa reforma fiscal para dotar al sistema de una mayor equidad, de forma que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, como señala nuestra Constitución, lo cual conllevará, sin duda, una mayor conciencia fiscal en el pago de los impuestos.

Asimismo, y en relación con la conciencia fiscal de los ciudadanos, se debería tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de los últimos años, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude. Pero para ello, es necesario, además, dar ejemplo desde el ámbito político, y en este sentido, devaluar la importancia del fraude fiscal, como hemos tenido ocasión de ver cuando un político es condenado por delito fiscal y se jacta de no haberlo sido por otros delitos “más importantes”, o cuando no se condena enérgicamente la ocultación de capitales a la Hacienda pública de un político a través de paraísos fiscales, no es la mejor manera de dar ejemplo a los ciudadanos.

Entendemos necesario que por parte del Gobierno se aborde la necesidad de realizar estudios oficiales sobre economía sumergida, elaborados por entidades independientes como instrumentos necesarios para planificar eficazmente una lucha decidida y realista contra el fraude. Lucha para la que sería necesario ampliar y optimizar los medios y recursos de la Agencia Tributaria (en España hay 1928 contribuyentes por cada trabajador de la AEAT, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o 551 de Luxemburgo), así como mejorar la coordinación entre la AEAT y las Haciendas autonómicas y otorgar un mayor papel al Congreso y a los parlamentos autonómicos en cuanto a la aprobación y control de los planes de actuación y cumplimiento de objetivos.

Por último, consideramos necesaria una reforma en profundidad de la AEAT, tanto en lo que afecta a su estructura, como en lo relativo a su funcionamiento.

Para concluir, consideramos necesario garantizar la independencia de la AEAT y de las Administraciones tributarias autonómicas, desterrando comportamientos que puedan empañar la imagen de la misma, como ha venido ocurriendo en los últimos meses ante la falta de aclaración de distintas cuestiones relativas a actuaciones de la AEAT (errores en el DNI de la Infanta Cristina, negativa a nombrar un perito solicitado por el Juez en el caso Noos, posibles cambios de criterio respecto de la admisión como deducibles de facturas falsas, falseadas o simuladas, nombramiento de peritos por parte del Director de la AEAT, destitución y dimisiones como consecuencia de la misma en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, dimisión del Director de Inspección de la Agencia…) Imagen que también ha quedado en entredicho en alguna Administración autonómica, como la de Navarra, tras una supuesta intromisión política por parte de su Gobierno, tal y como se desprende de las conclusiones finales a las que ha llegado una Comisión de investigación en su Parlamento. 

Medidas de LUCHA CONTRA EL FRAUDE:

  1. Elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
  2. Evaluados el fraude fiscal y economía sumergida, se acordará una planificación temporal para el objetivo irrenunciable de reducirlos.
  3. Coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas.
  4. Creación de una Base de Datos Fiscales Única, compartida por las administraciones tributarias central y autonómica.
  5. Control por las Cortes de los resultados de la gestión de los tributos realizada por la Agencia Tributaria para garantizar una gestión transparente e independiente.
  6. Continuar con la limitación en el uso del dinero en efectivo, de forma que, además de la sanción pecuniaria correspondiente, no sean deducibles en el IRPF, IS e IVA las facturas recibidas que hayan sido pagadas total o parcialmente en metálico por importe superior a 1.000 euros.
  7. Igualar el plazo de prescripción administrativa y penal, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales (Art. 305 a 310 bis del Código Penal).
  8. En el marco de la OCDE procurar acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en Paraísos Fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas .
  9. En tanto se alcancen generalicen los acuerdos anteriores, proponemos que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las entidades de “Banca privada”, que operan en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados bajo la advertencia de retirada de la ficha bancaria que concede el banco central para operar en sus mercados. Así como negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan “habitualmente” las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero, siguiendo así el rastro de sus titulares, autorizados, cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados con tarjeta.
  10. La Agencia Tributaria y la IGAE a corto y medio plazo se centrarán fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total,, a través de la “imprescindible” autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su aplicación.
  11. Control exhaustivo de las sociedades patrimoniales y de las entidades que incrementan sus reservas indefinidamente sin repartir dividendos y de las que declaran perdidas de forma continuada, para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores y del RD Ley 16/2012 que hace depender el porcentaje de pago de los medicamentos de la base liquidable declarada del IRPF.

También, consideramos importante que se aprueben las siguientes medidas para MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO Y HACER MÁS PROGRESIVO Y JUSTO EL SISTEMA TRIBUTARIO:

  1. Introducción en la regulación del IRPF la posibilidad de los contribuyentes para que puedan revocar o confirmar la opción ejercitada entre la tributación conjunta o separada en el IRPF en el curso de una comprobación tributaria con carácter previo a la liquidación.
  2. Reducir los efectos contrarios a la progresividad derivados de la dualidad fiscal de las rentas del trabajo y del capital, excluyendo, en todo caso, las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de renta del ahorro.
  3. Restringir la utilización del sistema de la Estimación Objetiva por Módulos, instaurando como norma general la estimación directa, salvo para los empresarios que destinen sus bienes o servicios al consumidor final, no empresario, permitiendo al empresario en EOM que pueda optar a final de ejercicio en curso entre la estimación por Módulos o la estimación directa.
  4. Restringir la exención (del 60%, o del 100% en los casos que el inquilino tenga menos de 30 años) del Rendimiento del Capital Inmobiliario en los alquileres de viviendas de lujo.
  5. Extender la exención del IRPF del incremento patrimonial que pueda surgir por la dación de bienes en pago de deudas motivada por insolvencias, procesos concúrsales o ejecuciones hipotecarias.
  6. Supresión del Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
  7. Modificación del Artículo 14.2 del IRNR para excluir de la exención a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, que introdujo el Art. 4 del Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. (BOE 22.04.2008)
  8. Modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV, entre el 2% y el 5% del capital social máximo de la SICAV para evitar los abusos.
  9. Creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, y procurar el acuerdo en la OCDE para la equiparación de los tipos nominales de Fondos y Sociedades de inversión a los tipos de las empresas industriales o de servicios.
  10. Creación de un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo. De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales.
  11. Nivelar el tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas con las microempresas, PYMES y ciudadanos sujetos a IRPF y soportando la carga del IVA. A tal fin, se debería elevar el tipo nominal en cinco puntos a las grandes corporaciones empresariales a partir de un millón de euros anuales en beneficios, que podría aportar unos 13.000 millones adicionales.
  12. Potenciar, en el área del control del gasto público, la realización de auditorías operativas, con el fin de comprobar si se está dando una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, con la consiguiente repercusión de sus resultados en las sucesivas asignaciones presupuestarias.
  13. Implementación de las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de que se revistan, escapen en mayor o menor medida de los necesarios controles a los que, como consecuencia de su financiación con recursos públicos, deben someterse.
  14. Establecimiento de procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar la mayor publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas tendentes a clarificar la información de las cuentas públicas.
  15. Prohibir las posiciones en corto contra la Deuda pública y contra los valores representativos de empresas estratégicas.

Para que se puedan aplicar las medidas anteriores con éxito, consideramos imprescindibles que se aprueben las siguientes medidas ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO DE LA AEAT Y DEL MINHAP:

  1. Desarrollo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que impone revisión de las condiciones de trabajo de los 8.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos. Este incumplimiento se suma al que se venía produciendo del artículo 49. 3).2 de la Ley 24/2001, por la que se crearon los actuales Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, que establecía el mandato de adecuar las retribuciones de los Técnicos a los cometidos y responsabilidades asumidas por los mismos dentro del ámbito de funciones que les atribuyera el marco normativo vigente.
  2. Integración del Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo de Auditoria y Contabilidad y Cuerpo de Gestión Catastral en un único Cuerpo de Técnicos del Ministerio de Hacienda de nueva creación..
  3. Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para materializar el aumento de las responsabilidades de los técnicos, lo cual supondría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero y el control de las subvenciones y ayudas públicas, intensificar y mejorar el control del gasto público, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude y el déficit público, al dedicar más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos a investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.
  4. Definir las características esenciales del puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) como derecho esencial de los trabajadores públicos, perdido con la modificación del artículo 15 de la Ley 30/1984 en el año 2003.
  5. Elaborar unas nuevas Resoluciones de atribución de funciones, competencias y responsabilidades que definan con precisión el trabajo que se espera que ejecuten los empleados integrados en cada uno de los cuerpos de funcionarios que tienen puestos reservados en las RPT de los respectivos ámbitos, redundara en una mejora significativa de la eficacia de la organización.
  6. Siendo conscientes de la restricción presupuestaria, se propone por un lado que la cobertura de plazas de los Cuerpos de Inspectores y de Interventores sean provistos por Técnicos del Ministerio de Hacienda en el turno de promoción interna (lo que permitiría aprovechar los conocimientos y experiencia adquiridos por los Técnicos y reducir el tiempo y el coste de la formación de Inspectores y de Interventores en el IEF), y por otro lado, la cobertura de plazas no especializadas, fundamentalmente de Cuerpos adscritos al grupo C, por funcionarios de otros Ministerios en los que se aprecie sobredimensionamiento, o incluso, de las Administraciones Autonómicas o Locales mediante los correspondientes Acuerdos con las organizaciones sociales y dichas AAPP.
  7. Mientras dure la restricción presupuestaria, la cobertura de plazas de los Cuerpos de Inspectores y de Interventores serían provistos exclusivamente en el turno de promoción interna (lo que permitiría aprovechar los conocimientos y experiencia adquiridos por los Técnicos y reducir el tiempo y el coste de la formación en el IEF), y la cobertura de plazas no especializadas de Cuerpos adscritos al grupo C, serían provistos por funcionarios de otros Ministerios en los que se aprecie sobredimensionamiento, o incluso, de las Administraciones Autonómicas o Locales mediante los correspondientes Acuerdos con las organizaciones sociales y dichas AAPP.
  8. Ampliar la plantilla de la Agencia Tributaria, ya que España apenas dispone un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo, por lo que no debe extrañar que España contando con la mitad de plantilla en la lucha contra el fraude soporte más el doble de economía sumergida, sobre todo si el 80% de los efectivos están dedicados a investigar los fraudes e irregularidades de autónomos, pequeños empresarios, pensionistas y trabajadores..
  9. Homologación de la Administración Tributaria y Financiera española a las administraciones europeas, adaptados a las exigencias del Modelo Europeo de Enseñanza Superior que evite perjuicios a los empleados públicos de nacionalidad española en el caso de querer desarrollar su labor en las administraciones europeas.
  10. Los cargos de Jefes de Recursos Humanos o cualquier otro que tenga bajo su responsabilidad la gestión de personas deberían ser ocupados por funcionarios de cuerpos con formación específica en materia de personal.
  11. Establecimiento de protocolos de prevención del acoso psicológico en la AEAT y el MINHAP. Los sistemas de prevención de riesgos laborales en las grandes empresas han dejado de considerarse como un gasto y se consideran como una inversión al reducir la existencia de riesgos que suponen elevados costes por bajas y absentismo laboral y reducen la productividad.

Finalmente, se considera conveniente aprobar las siguientes medidas DE SENSIBILIZACIÓN FISCAL Y DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LOS CIUDADANOS:

  1. Programas de información, sensibilización y educación fiscal ciudadana.
  2. Reforzar la conciencia social para fomentar entre los ciudadanos actitudes de condena a la corrupción, evasión, contrabando, economía sumergida y abuso en los servicios públicos.
  3. Desarrollar programas de asesoramiento fiscal a los contribuyentes y de información de las cartas de servicio de las administraciones.
  4. En los contenidos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria, se podría incluir los principales aspectos de la temática tributaria y presupuestaria para inculcar a la juventud que el fraude fiscal atenta contra los derechos económicos de la sociedad e impide la vertebración social que se logra a través del gasto público en los servicios sociales fundamentales que constituyen el Estado del Bienestar.
  5. Especialización de jueces y fiscales en materia económica y fiscal dadas la creciente complejidad de la delincuencia económica y fiscal.
  6. Regulación de la profesión de los asesores fiscales, su estatuto técnico-legal y el régimen de responsabilidad