La regresión en derechos humanos en nuestro país y en nuestro entorno es patente desde hace años. Vivimos en un estado de excepción no declarado. Las nuevas legislaciones penales y administrativas, y la restricción de derechos individuales y colectivos garantizan una zona de impunidad donde la corrupción avanza sin frenos, y el derecho penal del enemigo se convierte en norma. Esta corrupción supone un desprecio por la Ley y el Estado de Derecho al mismo tiempo que socava las bases mismas de éste y, con ello, la democracia, los Derechos Humanos y su régimen de protección. Criminalizar al defensor de derechos y al denunciante de corrupción, endurecer el Código Penal, reforzar mecanismos de impunidad policial como los indultos arbitrarios, el castigo económico y la criminalización de los migrantes y las personas sin hogar conseguidos con la Ley Mordaza y las ordenanzas cívicas: todo tiene como objetivo generar miedo y, sobre todo desde el 15-M, generar zonas oscuras, invisibles, zonas de no-derecho; en definitiva, zonas de impunidad. Por supuesto, todo este vacío de derechos trae por coartada la crisis económica o sistémica en la que nos encontramos y que convierte su naturaleza supuestamente excepcional en permanente y duradera, vaciando y haciendo inútiles en la práctica los derechos conquistados a lo largo del siglo XX. Deslegitimar este régimen se logra tanto por iniciativas de la sociedad civil no exentas de riesgo, como de profesionales que trabajan en las instituciones y denuncian la situación actual. En este espacio formado por ponentes de ambos perfiles, se analizarán y se expondrán alternativas y propuestas a estos problemas desde la administración de justicia y desde el punto de vista de una juez garantista, desde el punto de vista de un activista de la sociedad civil organizada que consigue visibilizar e internacionalizar el maltrato institucional, desde el trabajo cotidiano de una activista y profesional que trabaja con los denunciantes de corrupción y por supuesto con las limitaciones, contradicciones y logros de gestionar políticas de seguridad desde la administración local con un concejal de gobierno del cambio de una ciudad como Barcelona. Se trata, pues, de generar alternativas y prácticas para reconstruir los derechos de los débiles.

  • Itinerario “Crisis de régimen y nueva institucionalidad”
  • Sábado 24
  • De 18:30 h a 20:30 h

PONENTES

Amaya Oliva Diaz

Es magistrada, habiendo ejercido en Valdemoro, Calatayud, Mollet del Vallés, Granollers y Barcelona capital. Desde el 2011, trabaja en el orden social, dedicado a la tutela de los derechos laborales y prestacionales (seguridad social, desempleo, etc.). Ha colaborado con las entidades en la defensa de la memoria democrática, adaptando en un ensayo el Protocolo de Minessota a la legislación española para la exhumación de cadáveres víctimas de violencia política. Por otro lado, ha publicado también varios artículos sobre la construcción de los derechos sociales, en concreto sobre los problemas de la vivienda, así como el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva multidisciplinar, y ha participado en entidades como el DESC (Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), actuando como ponente en cursos y mesas redondas desde el año 2008 al 2012. En paralelo, se ha dedicado a la formación de los jueces, y a relación entre el trabajo y el género, participando en distintos libros sobre ambos temas. Desde 2005, pertenece a la asociación de Jueces para la Democracia, donde colabora intensamente, formando parte en la actualidad de su Secretariado después de haber coordinado la Comisión Social. En la actualidad, forma parte de la Plataforma por la Justicia y de la Asociación de Mujeres Juezas.

Jorge del Cura

Es funcionario de la Administración de Justicia (Gestión Procesal), con 32 años de experiencia, 18 de en Juzgados de Instrucción de Madrid. Entre 1986 y 2002, formó parte de la junta directiva de la Asociación Contra la Tortura (http://www.nodo50.org/acttortura), siendo su presidente desde 1997 a 2002. Entre 1990 y 2002, fue Coordinador de la “Acción Popular Contra los Gal”, acción penal ejercida por 104 ciudadanos ante la Audiencia Nacional en los sumarios por el terrorismo de Estado que se desarrolló en el sur de Francia y en el Estado español entre los años 1983 y 1987 (con más de 30 asesinatos y decenas de heridos). Hoy, además, es el coordinador y portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (http://www.prevenciontortura.org) que, actualmente, agrupa a 46 colectivos de todo el Estado. Es ponente habitual en las publicaciones y estudios sobre tortura y Derechos Humanos y ha coordinado la elaboración y publicación de los informes anuales de la ACT, Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas y Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura entre 1990 y 2010, 2012, 2013 y 2015.

Jaume Asens

Es Teniente de Alcalde de Barcelona por BarcelonaenComú, miembro del Consejo Ciudadano estatal de Podemos y promotor del manifiesto fundacional de Podemos “Mover ficha”. Antes, ha ejercido como abogado en el ámbito de los Derechos Humanos y la defensa de movimientos sociales como la PAH o el 15-M. Con otros compañeros, en la lucha contra la corrupción se ha esforzado en llevar a los tribunales a ilustres como Millet, Bárcenas o miembros del “clan Pujol”. Ha formado parte del equipo jurídico en las querellas contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guantánamo por parte de EEUU y en Palestina por Israel. Asimismo, ha llevado a cabo la querella contra los bombardeos de la aviación del ejército fascista sobre Barcelona en 1938. Entre sus defendidos, abundan las víctimas de los abusos policiales. Conocer de cerca las injusticias que sufren los disidentes o los más vulnerables le ha llevado a integrarse en colectivos como la Comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, el Observatori DESC, el Grupo de investigación sobre exclusión y controles sociales de la Universidad de Barcelona, y los ya lejanos “Legal Team” organizados a raíz de las contra-cumbres europeas, como la de Génova (2001). Su mayor actividad en los movimientos sociales también se produjo en aquel período de efervescencia política: la del movimiento antiglobalización. A raíz de ello se interesó más por el derecho generado y exigido desde la calle que el escrito o practicado en los tribunales. Es licenciado en Derecho y en Filosofía. Entre sus publicaciones destacamos No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis (Icaria, 2012) y La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta (Catarata, 2014). Es colaborador del diario Público y de Eldiario.es.

Auxiliadora Honorato

La Secretaría estatal de Acción Institucional y Políticas Anticorrupción de Podemos es licenciada en Derecho, licenciada en Antropología y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. No resultándole las dinámicas dentro de las instituciones como se las imaginaba desde fuera, decidió comenzar a implicarse en colectivos en defensa de derechos. Asimismo, ha tenido un papel muy activo en movilizaciones en defensa de los servicios públicos desde la Junta de Andalucía con el enfoque puesto garantizar la gestión pública directa de los servicios públicos.

Luis de los Santos

Luis de los Santos es abogado y activista en el ámbito de los Derechos Humanos, los movimientos sociales y la lucha por los derechos civiles desde Andalucía. Está especializado en derecho penal y criminal, ejerciendo como acusación popular de distintas asociaciones de derechos humanos en materia de tortura, malos tratos y corrupción. También ha ejercido como asesor para la Administración Pública andaluza en materias de planificación técnica, seguridad, urbanismo y vivienda. En los últimos años, se ha implicado además en el universo del cooperativismo, el sindicalismo social y las redes jurídicas, defendiendo en los tribunales la llamada "jurisprudencia social", es decir, el derecho generado y exigido desde los movimientos populares en la calle como, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Es miembro cofundador de la Sociedad Andaluza de Juristas-Grupo 17 de Marzo y actualmente es responsable del Área de Derechos Humanos del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos.