Publicado en huffingtonpost.es,  el 29 de marzo de 2016

No perdamos más tiempo. Pongámonos manos a la obra para cambiar unas políticas que, desgraciadamente, se han demostrado ineficaces otra vez más. Aun consternados por el horror de la barbarie en Bruselas, debemos recordar que cada minuto transcurrido desde el trágico atentado de París en noviembre de 2015, cada segundo desde los atentados contra Charlie Hebdo, ha sido un tiempo precioso, desechado, para poner en marcha políticas eficaces con las que afrontar una amenaza que, después de causar graves destrozos en los países árabes, ha crecido en suelo europeo. Es un deber que tenemos con todos nuestros ciudadanos.

¿No es es tarea, precisamente, la que nos proponen PP, PSOE, Ciudadanos y los demás partidos políticos al ofrecer firmar a Podemos el pacto antiyihadista? Digámoslo alto y claro para que quede constancia: no, esa no es la petición que nos hacen. Esa demanda de adhesión al actual pacto busca confundir a la ciudadanía. Bajo la imprescindible necesidad de unidad contra el terrorismo del Daesh, el pacto vuelve a incidir en una receta, la del recorte de libertades, que no sólo no ha funcionado sino que ha agravado los problemas en los últimos años. ¿Alguien puede afirmar que hoy en día estamos más seguros que desde los anteriores atentados? ¿Más que hace uno, cinco o diez años atrás?

Esa receta, una mezcla de recortes de libertades y costosas e injustas intervenciones militares en el exterior, no aborda una respuesta que debe ser integral y política. En primer lugar, integral porque las amenazas del Daesh se extienden en dos vertientes con características distintas: en Oriente Medio y en Europa. En segundo lugar, política, porque, como ha ocurrido frente a otras amenazas terroristas, las soluciones, adaptadas a las amenazas del Estado Islámico, deben abordar diferentes planos neutralizando sus fuentes de financiación, acceso a armamento y sus redes de captación de seguidores. También es de naturaleza política porque en la suma de crisis que ahora vive Europa se necesitan más que nunca acciones y fuerzas que no utilicen un discurso lleno de valores europeístas que, en la práctica, olvida los valores de democracia, justicia social y fraternidad con los que nació el proyecto de la Unión Europea. Unos principios que, sacrificados en el altar del austericidio que recorre el continente en los últimos casi diez años, han sido consumidos por un fuego que ha traído de vuelta los peores fantasmas de la historia europea con los actuales movimientos xenófobos.

Repitámoslo también con extrema claridad: es necesario y urgente un consenso entre las fuerzas políticas, pero debe estar basado en otros principios distintos a los que no están funcionando frente a las amenazas del Daesh. No podemos continuar contando a los ciudadanos españoles y europeos que ese pacto, que pretende aumentar las penas frente a personas dispuestas a suicidarse e incide en el recorte de derechos, es un mal necesario para una seguridad que no aumenta, sino retrocede, y que acaba recortando el proyecto que dice defender: nuestra convivencia libre y plural. Con esos moldes, fotografía de unidad se convierte en una mera ilusión de seguridad.

No se trata pues de sumar añadidos de financiación o control policial a una orientación ineficaz. Hay que abordar el consenso sobre otras bases necesarias para empezar a derrotar a este tipo de terrorismo con una mezcla de políticas a corto, medio y largo plazo, que empiece por ahogar el presupuesto, suministros y adeptos y que actúe sobre las causas y efectos de las políticas en las que ha crecido el Daesh y han destrozado muchos países de Oriente Medio y amenazan a los de nuestro entorno.

Estas no son peticiones sólo de Podemos. Son demandas de las sociedad civil española, como ONGs o sindicatos, que llevan pidiendo un embargo efectivo de armas para que evitar que en la proliferación de un comercio descontrolado, muchas armas acaben en las manos de actores que violan los derechos humanos y finalmente engrosen los arsenales de un Daesh que ha sido capaz de conquistar grandes extensiones de tierra en Siria e Irak y mantener durante más de dos años la existencia de un Estado en esas latitudes. Lo ha expresado también la ONU desde 2013 al encabezar un embargo de armas al autodenominado Estado Islámico y desde 2014 exigir, por medio de su grupo especializado en delitos financieros, el GAFI, una serie de recomendaciones para controlar las transacciones opacas que, bien derivan en los paraísos fiscales que tanto daño nos hacen a todos los que sufrimos el cambio de condiciones que está suponiendo la crisis económica, bien crean espacios oscuros en las que la financiación de los terroristas es imposible de monitorizar. Un acuerdo, que, otra vez más, hay que preguntar qué intereses impiden que lo suscriba el Gobierno español.

Lo han declarado también diferentes think tanks y medios de comunicación que han demandado una regulación unificada europea sobre armas ligeras para evitar que en nuestro continente se pueda tener tan fácil y dramático acceso a los rifles automáticos usados por los terroristas en sus acciones. Acciones para evitar que por apenas unos centenares de euros se pueda tener acceso a un mercado negro con millones de armas ligeras que usan la ruta balcánica para volver a Europa. Lo han demando líderes europeos, como el italiano Mateo Renzi que ha exigido una verdadera y coordinada acción policial europea que no se quede en declaraciones cada vez que hay una desgracia. Lo exigió la silenciosa y serena respuesta de la sociedad española y el Gobierno de Zapatero en su respuesta a los atentados del 11M de 2004, tan distinta al endurecimiento de legislaciones, estados de excepción y limbos jurídicos para tolerar torturas o prohibir manifestaciones, acciones iniciadas por la Administración Bush tras el 11S de 2001 y que hoy, tristemente, son avaladas por el Gobierno de Françoise Hollande y Manuel Valls en Francia.

Está en marcha nada menos que una lucha por los derechos civiles, encabezada por los jóvenes y su inagotable energía.

Las respuestas frente a la barbarie no pueden significar el sacrificio en el altar del miedo de las conquistas de la democracia, la libertad y los derechos civiles. Hace falta un enfoque que integre, eficazcamente, cooperación policial, judicial y servicios de inteligencia con el pleno respeto de los derechos humanos y las normativas internacionales, y estrategias que favorezcan la cohesión e inclusión social, para que no se convierta en carne de cañón de los discursos incendiarios del odio a multitud de personas de nuestro continente que se sienten ciudadanos de tercera o cuarta categoría.

También es necesario que no cerremos las puertas a todas aquellas personas que se ven obligadas a huir de ataques como el de Bruselas o de guerras crueles que los expulsan de sus países. No sólo el acuerdo de la UE con Turquía incumple la legislación -como señalan decisiones como la de Acnur o MSF de no gestionar campos de refugiados que, de repente, se han convertido en centros de internamiento y expulsión-. También señalan un futuro negro para los propios países de la Unión Europea, durante un tiempo adalides de derechos como el de refugio -que permitieron que muchos europeos pudieran sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, o muchos españoles a la dictadura franquista-, ahora quemado en un creciente mar de discriminaciones, odio, exclusión y xenofobia que utilizan los extremistas para llevarnos a una sociedad invivible.

En este caso, es especialmente grave que nuestro Gobierno haya decidido esconderse tras los problemas de otros europeos para no cumplir o adelantar la acogida de los refugiados a los que se comprometió y a los que están esperando los ayuntamientos del cambio, las ONGs, los funcionarios y la población que, como en otras partes de Europa, dijo que la solidaridad era más poderosa que el miedo. También lo esperábamos todos los grupos políticos que firmamos un acuerdo en la Comisión de la UE al creer que nuestro Ejecutivo sería tan firme como Chipre, que logró cambiar ciertas cláusulas del acuerdo con Turquía. El actual Gobierno en funciones no sólo incumple su mandato con todos ellos, sino que elude el ejemplo de otras políticas posibles que podrían ayudar a solucionar los problemas que se viven en otros países y que muchas de nuestras sociedades de los países del Sur ya lideran: el de la posibilidad de un cambio en positivo frente a los desastres de la crisis, que además de esperanza supone un freno contra el extremismo.

Por último, en este mundo cada vez más interconectado en el que los conflictos y sus consecuencias están más cercanos, nuestra política exterior ha de reorientarse hacia un paradigma en el que todas las poblaciones puedan ganar, en la que no haya absolutos ganadores y perdedores, basada en los derechos humanos, la equidad de género, la democracia y el desarrollo sostenible e inclusivo. Para ello es fundamental no solo involucrarse en la resolución de los conflictos que provocan un auténtico efecto expulsión, sino también hacerlo en colaboración con las poblaciones locales en una agenda de construcción de paz que evite esos desastres que han incendiado el planeta en los últimos años.

Así que, horrorizados por el terror que sufrió Bruselas y, recientemente, otros lugares como Malí, Somalia o Costa de Marfil -y durante mucho tiempo, miles de árabes y musulmanes-, hay que preguntarse por qué PP, PSOE y Ciudadanos siguen empeñados en el ineficaz e injusto pacto antiyihadista y se niegan a debatir un nuevo consenso más justo, seguro para todos y demandado por muchos actores. Hay que preguntarles también si nos podemos permitir perder un segundo más en discutir de políticas realmente eficaces con las que hacer frente a las actuales amenazas.