Publicado en eldiario.es

10 de diciembre 2014

El Gobierno ha publicado el Portal de Transparencia un año después de la aprobación de la ley. Son más de 500.000 datos, algunos nuevos y otros ya publicados, que se centralizan en esta web. Más allá de la publicación de contenido relevante y de todo lo que se queda fuera, la página como herramienta ciudadana puede resultar una tortura para los usuarios a la hora buscar la información que sí está.

“Información descriptiva de la organización, estructura, normativa destacada y funciones de los Ministerios y órganos vinculados o dependientes”. Esa es la descripción del primer menú que se ofrece bajo el epígrafe de “Institucional”. A diferencia de otras páginas de transparencia en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, en la práctica la que hoy lanza el Gobierno de Mariano Rajoy hace a este portal un traslado del lenguaje técnico de la Administración y la estructura orgánica de las instituciones. En los países de referencia es posible acceder de manera más sencilla y por temáticas a la información que el ciudadano busca.

Los formatos en los que se han colgado esos “50 gigas de información”, según el Ministerio de Presidencia encargado de su desarrollo, no siempre son reutilizables, es decir, no se pueden exportar para guardarlos en el ordenador y manejarlos para cruzar entre ellos o con otras bases de datos. Por ejemplo, las subvenciones a partidos políticos no están disponible en un formato compatible con Excel, sino que se limita a ser un listado. O más surrealista: las direcciones en el listado de bienes inmuebles propiedad del Estado están incompletas, con códigos que no especifican su origen (probablemente el Registro de la Propiedad) y no todas aparecen en una búsqueda sencilla en Google Maps.

Los organigramas de los ministerios están en formato PDF y no incluye los nombres de quienes ocupan los puestos que figuran en ellos. Para encontrar esa información es necesario ir al apartado de currículums de altos cargos. Como los organigramas están en documentos no reutilizables, es muy complicado cruzar ambos elementos para obtener información que vaya más allá del titular evidente.

Un buscador inútil

La página permite nevegar por la información a través de tres pilares fundamentales: institucional -los datos relativos a los ministerios y su funcionamiento-, normativa -leyes en elaboración, en vigor y otra documentación legislativa- y económica -presupuestos, retribuciones, contratos, subvenciones, etc.-.

El buscador indexa la información que contiene las palabras escritas fuera de los documentos. Pero su uso resulta inútil en cuanto hay que buscar casi cualquier cosa concreta. Por ejemplo, al introducir “Ana Mato” (con comillas), la oferta de resultados incluye todos aquellos ítems que incluyen las palabras Ana y Mato; es decir, el portal de Transparencia no utiliza códigos de búsqueda básicos que se usan en los buscadores de Internet desde hace más de una década.

En el caso de que el usuario tenga problemas para localizar la información, no podrá localizar a ningún funcionario de la Administración para solicitar la información. La web no dispone de ningún apartado de contacto, como sí sucede en las páginas de referencia de otros países.

Pedir información: un calvario

Uno de los objetivos fundamentales del portal es atender de manera ágil a las solicitudes de información pública que hagan los ciudadanos. El proceso habilitado en el Portal de Transparencia es, sin embargo, una calvario. Para pedir documentación es necesario rellenar un formulario en el que se exige la identificación a través del DNI.

Hay tres opciones para eso: tener un lector de DNI electrónico -algo poco común-, haber solicitado el certificado digital -es necesario hacerlo en una oficina de la Administración- o pedir una clave de identificación similar a la que se solicita para realizar la declaración del IRPF por Internet.

La identificación personal no es algo que se requiera en otros países de referencia y el Poder Judicial acaba de decir que por su parte   no va a pedir a los ciudadanos que se identifiquen ni que motiven su solicitud, para proteger su privacidad y su identidad en caso de conflicto. El Gobierno, sin embargo, ha ideado una pasarela tecnológica que lleva al usuario del nuevo portal a otras páginas webs donde tienen que certificar su identidad. Si son ciudadanos con otra nacionalidad que no sea la española, la cosa se complica más: el listado de países ‘disponibles’ es muy corto y en ocasiones el proceso muere en las webs oficiales de otros gobiernos.

Habrá que esperar al menos 30 días -el plazo marcado para que el Estado responda a la solicitud de información- para saber si es posible contestar a la “unidad de transparencia” que ha trasladado la información pedida. En principio, si el ciudadano no queda satisfecho con la respuesta, podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que dilucidará si tiene o no razón, e incluso acudir a la vía contencioso-administrativa para que sea un juez el que resuelva.

Traducciones sin traducir

Más detalles técnicos. Al solicitar acceso a determinada información, los navegadores avisan de que puede no ser una conexión segura. Sí lo es, solo que el mecanismo que esta web está utilizando para ser más segura no es de los más comunes de Internet y que sí usan las webs más importantes.

Algunos elementos de diseño, como la hoja de estilos o el icono que sale en la barra de navegación cargan desde un servidor diferente, registrado por Ministerio de Administraciones Públicas y alojado en un servidor de BT. Por esto a veces se “rompe” la página, además de por los problemas de conexión derivados de la afluencia concurrente de visitantes.

La traducción es incompleta. Por ejemplo en esta página se ve cómo solo cambia el menú al catalán, pero el contenido se mantiene en castellano. Lo mismo pasa en inglés.