Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales

0. Introducción: ¿qué busca explicar el análisis político? ¿Por qué?
El análisis político es una subdisciplina de las ciencias sociales en general y de la Ciencia Política en particular que se encuentra sometida a diferentes presiones. Por una parte, necesita reivindicar su especificidad, toda vez que a menudo tiende a ser confundida con el sano ejercicio de opinar de manera cotidiana sobre la coyuntura política, hábito necesario y consustancial al ejercicio de la ciudadanía, pero metodológicamente diferente del análisis político.

Por otra parte, diferentes actores político‐económicos han tratado de reducir la esfera de “la política” y, en consecuencia, el alcance del análisis político. Esta maniobra ha consistido en generar consensos que excluyesen de la discusión política un número creciente, y crecientemente importante, de cuestiones y decisiones que, se decía, no debían afrontarse como “ideológicas”, sino técnicas. La economía, tanto a nivel académico como aplicado, ha sido quizás el área paradigmática de esta operación, y el neoliberalismo la formulación política más acabada, paradójicamente, de este intento de “despolitizar” fundamentales parcelas de la vida social. Importantes teóricos políticos como Slavoj Zizek (2007) o Chantal Mouffe (2007, 2009) han reivindicado el uso del término postpolítica para este intento de anestesiar lo político, reduciéndolo a una mera actividad de gestión de lo existente, acotado por fuertes consensos normativos nunca explicitados, que se blindan a través de su exclusión de la discusión política y, por tanto, de la democracia. No obstante, y pese a sus pretensiones, la “postpolítica” es nítidamente política, puesto que la decisión de entregarle a “técnicos” el manejo de los asuntos públicos excluye necesariamente otras opciones; es decir, entra en el campo de lo político, y quiénes sean esos profesionales y dónde se hayan formado es siempre una cuestión relacionada con diferentes paradigmas o visiones en competición, y determinante en el tipo de políticas públicas que éstos diseñen y apliquen. Además, y como señala de nuevo Mouffe, el estrechamiento de las opciones existentes en los sistemas democráticoliberales, la expulsión de las alternativas a los márgenes, como materia de orden público, facilita en muchos casos que los conflictos no se expresen dentro de los cauces institucionales, sino por fuera y a menudo contra ellos (2009). Estas acumulaciones de fuerzas de sectores sociales excluidos contra los sistemas políticos imperantes no son en absoluto una excepción en la política latinoamericana, y se puede afirmar que han modificado de forma radical el escenario político regional, estando en la base de muchos de los gobiernos actuales del continente. La causa de estos fenómenos hay que buscarla, en última instancia, en el bloqueo o cierre de los mecanismos de integración de diferentes demandas, y en la clausura de la discusión política en los temas que más
afectaban las condiciones sociales de los sectores subalternos. El neoliberalismo, por tanto, más allá de su discutido desempeño “económico” ha sido, en tanto proyecto de gobernabilidad, una empresa claramente fracasada en América Latina, y que en Europa está enfrentando severos problemas, si bien el principal de ellos no es en este caso la movilización social, sino la desmovilización y la pulverización de los vínculos sociales y de sentido compartido imprescindibles para la existencia de la comunidad política como algo más que la suma de sus individuos y grupos
de poder privado (Errejón, 2011).2

En este trabajo se aborda el análisis político como la comprensión de situaciones políticas concretas (no sólo de cambio, sino de estabilidad), resultado de una determinada correlación de fuerzas entre diferentes actores, y de la sedimentación de sentidos compartidos que ordenan de una forma y no de otra las percepciones de los actores, sus alineamientos y, en fin, el campo político. De esta forma, el objeto principal de estudio para el análisis político es el poder político, entendido no como un objeto que se posee de manera absoluta, sino como una relación de distribución desigual, siempre inestable en última instancia, sujeta a tensiones, contradicciones y cambios.

El análisis político, entonces, se revela cual ejercicio necesario para la comprensión de los equilibrios, negociaciones y disputas que componen un determinado orden social. En ese sentido, es muy recomendable, no sólo para los académicos, sino también, y de forma prioritaria, para los servidores públicos y actores políticos y sociales, puesto que su empleo permite hacer diagnósticos de la sociedad o grupo sobre el que se quiere intervenir, diseñar políticas públicas adecuadas (no sólo a los objetivos buscados sino a su posible recepción), evaluar de forma crítica el impacto que éstas hayan tenido y rediseñarlas para un nuevo ejercicio. Esto es válido no sólo para la acción de gobierno, sino también para los actores que quieran desarrollar estrategias de oposición, resistencia, negociación y reforma o ruptura del orden existente.

El análisis político es útil, por último, para que los procesos políticos cuenten con una mirada dinámica que los analice. Desprovistos de su mirada específicamente política, éstos pueden aparecer como fotos fijas, instantáneas congeladas que sobrerrepresentan la estabilidad y entienden el cambio como una anomalía. En la realidad, sin embargo, todo orden es siempre una producción sostenida sobre equilibrios que hay que mantener y renovar con la negociación y la disputa. El análisis político contribuye a evitar la mistificación o naturalización de las estructuras de
poder existentes, poniéndolas en un contexto temporal y espacial, y mostrándolas como resultado de prácticas concretas de actores concretos.

1. Decisiones epistemológicas previas: constructivismo, conflicto, contingencia
Antes se ha afirmado que el análisis político se distingue de la opinión política sobre todo por la metodología y las decisiones epistemológicas que lo guían. Esto es: por la forma en la que entendemos lo político y la política y, en consecuencia, cómo afrontamos su estudio aplicado a casos concretos.

Existen muy diferentes formas de encarar el examen de los fenómenos políticos. Entiendo que un análisis político que no cierre, sino que abra la mirada con la cual comprender estos fenómenos no puede reducirse a la descripción de los “datos” institucionales, electorales o jurídicos existentes. Ha de ser, en cambio, una propuesta de lectura e interpretación de una suma de elementos muy diferentes que interactúan en un escenario determinado. Estos elementos se presentan, a menudo, desordenados, fragmentados y solapados, de tal manera que la realidad puede parecer un conjunto abigarrado y caótico, o el resultado de decisiones conspirativas de grupos o individuos. El análisis político, más que proponer un sentido, debe ser capaz de interpretar los sentidos en construcción y competencia.

Si antes hemos partido de que ningún hecho social cobra por sí mismo, ni de forma automática, significado político sin haber sido problematizado, nombrado y orientado en uno u otro sentido por prácticas discursivas, entonces el análisis político lo es de las intervenciones de diferentes actores para construir y movilizar sentidos compartidos en torno a unas cuestiones y no a otras. Por ello, hablamos de la política como el compendio de prácticas de institución de sentido, cuyos resultados son siempre contingentes o, en otras palabras, no son nunca la expresión natural y necesaria de ningún hecho social. Se trata del análisis de construcciones que podrían haber sido otra cosa, no de derivaciones naturales constituidas en una esfera anterior a la política: religiosa, geográfica, económica, etcétera.

De esta actividad de instituir sentidos compartidos dependen los agrupamientos de una sociedad, las ideas‐fuerza que orientan las actitudes y comportamientos, la legitimidad otorgada a diferentes instituciones o intervenciones en la esfera pública y, en última instancia, el poder político. Por ello, se trata de una práctica siempre atravesada por el conflicto, por la competición entre narrativas diferentes e incluso antagónicas. No obstante, esto no se refiere a concursos literarios entre textos que rivalizan por atención. Las prácticas de construcción y movilización de sentido compartido son siempre de constitución de agregaciones que siguen el patrón amigo/enemigo, como recoge el teórico de lo político Carl Schmitt, en su conocida formulación: “la distinción específica de la política a la que las acciones y motivos políticos pueden ser reducidos es aquella entre amigos y enemigos” (Schmitt, 1976 [1927]: 26).

Las democracias liberales son, así, la gestión de ese antagonismo en una forma agonista que no elimina la confrontación, pero representa al enemigo como adversario de aspiraciones legítimas y procedimentaliza el acceso al poder político por medio de elecciones libres y competitivas. En su vertiente neoliberal, que agudiza la tensión histórica entre democracia y liberalismo, los gobernantes, invocando la gobernabilidad, la eficacia y los consensos dominantes, ponen importantes esferas de decisión sobre los bienes comunes a buen recaudo de la voluntad popular,
en los ámbitos “privados” y pretendidamente despolitizados de la economía, la técnica, las relaciones étnicas o entre géneros (Zizek, 2010).

Las solidaridades colectivas, las posiciones políticas, se generan, entonces, por la delimitación de un sujeto colectivo de problemas y expectativas compartidas, un “nosotros” que se define siempre por la existencia de un “ellos” (Mouffe, 1995: 263). Esta visión no implica la jerarquización de estas identidades ni conduce necesariamente a la guerra, pero reconoce que la lógica de las pertenencias colectivas requiere un límite externo. Para cada grupo o conjunto es necesaria la existencia de un límite que marque la diferencia entre estar dentro o fuera, que defina quién es y quién no es:“La creación de una identidad implica el establecimiento de una diferencia. […] Cada identidad es
relacional y la afirmación de una diferencia es una precondición para la existencia de cualquier identidad” (Mouffe, 1995: 262‐263).

El conflicto, por tanto, no es sólo un resultado posible derivado de la competencia de diferentes prácticas para atribuir sentido político a hechos sociales, sino que es su corazón mismo, constituye la lógica de lo político como esencia ontológica de la política (Laclau y Mouffe, 1985: 125).

A menudo las explicaciones de procesos o situaciones políticas asumen como ya dadas las cuestiones, en realidad, primeras y centrales para el análisis: cuáles son las cuestiones en torno a las que se producen los alineamientos políticos en una sociedad, qué correlación de fuerzas determinan y de qué signo y manera impacta esto en su estructura institucional y en las políticas públicas. Sólo asumiendo éstas como las cuestiones fundamentales a explicar, el análisis político puede ser una herramienta útil que permita realizar diagnósticos acertados de escenarios
cambiantes y complejos, y adelantar vías de evolución plausibles que permitan actuar con anticipación calibrando los efectos de esa intervención.

2. ¿Un enfoque sólo para el cambio? ¿Y las instituciones? El Estado como campo de lucha y correlación sedimentada de fuerzas
Antes de continuar con las preguntas que el análisis político debe hacerse, quiero detenerme a considerar una cuestión tangencial a este texto pero en absoluto secundaria para la Ciencia Política.

La politología tradicional ha definido un “núcleo duro de objetos y métodos” compuesto, en especial, por el estudio de los partidos políticos, los procesos electorales y las instituciones (Trenzado, 2000: 69). En lugar de rivalizar por los objetos de estudio prioritarios, o de repartirlos de forma ecléctica en diferentes aproximaciones teóricas ad hoc, en este texto se sugieren algunos beneficios de incorporar una perspectiva constructivista para un análisis dinámico de las múltiples causas de los fenómenos políticos. Por lo demás, destacados exponentes de una escuela, en apariencia tan alejada del enfoque aquí propuesto, como el neoinstitucionalismo, reconocen e incorporan la importancia destacada “del significado y la acción simbólica” en la conformación y cambio institucional (March y Olsen, 1994, citado en Caballero, 2007: 11). Hay, por tanto, mucha menor necesidad de exclusión mutua que de incorporación de la perspectiva del discurso a los más variados objetos de estudio dentro del campo amplio de la Ciencia Política, asumiendo que toda realidad política incorpora un componente fundamental de sentido sedimentado, siempre sometido a posible discusión y renegociación, que debe recibir una atención específica con
categorías y métodos adecuados.

Por ello, hasta aquí se han expuesto las bases epistemológicas mínimas para un ejercicio de análisis de los fenómenos políticos, centrado en la producción de significados compartidos. Se podría objetar que este enfoque, válido para estudiar el conflicto y la interacción de distintas fuerzas en pugna por el poder político, no lo es tanto para dar cuenta de la genealogía, morfología y resultados de las estructuras institucionales que, en tiempos de estabilidad (que son la mayoría) ordenan la convivencia. En términos clásicos, este enfoque sería pertinente para estudiar las politics, pero no lo sería tanto para la polity, para las que harían falta otras aproximaciones.
Según esta crítica, el enfoque que aquí se desarrolla no serviría para todo el análisis político, sino tan sólo para el de los momentos de conflicto y cambio político.

Es cierto que los fenómenos de cambio político, de crisis y modificación de los pactos que regulan la convivencia de una sociedad son los que ponen más en cuestión los enfoques más rígidos que en la Ciencia Política exaltan la estabilidad y expulsan al cambio a la categoría de anomalía. Las visiones más institucionalistas se han visto a menudo privadas de herramientas para comprender por qué y cómo se producen las quiebras en los sistemas políticos, lo cual ha hecho representar las rupturas como “anomalías”, pese a que hayan sido con frecuencia más la norma que la excepción.

Las irrupciones de masas que, en la política, rompen con los mecanismos de canalización y mitigación del conflicto, son por naturaleza inaprensibles para un enfoque que entiende la política sobre todo como una actividad de gestión.
No por casualidad los estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva nacen entre las décadas de 1960 y 1970 del pasado siglo XX, en las que Europa Occidental y los Estados Unidos experimentaron un auge de la conflictividad política y de la participación extrainstitucional.3 Sin embargo, para estas disciplinas, crecidas en la sociología política, el objeto principal de estudio lo constituyen las “herramientas” de los movimientos sociales, sean estas su tipo de acciones, sus “discursos” o sus formas organizativas. En ese sentido, son especialmente válidas para explicar los cómos, pero menos atinadas para explicar, políticamente, los porqués.

El análisis político constructivista, entendido como el examen de las prácticas de atribución de sentido a hechos sociales y su articulación en narrativas ordenadoras de las actitudes es, en efecto, muy pertinente para el estudio del cambio político. No obstante, en la medida en que el conflicto constituye el corazón de lo político, y la política son todas las prácticas en torno y para gestionar la conflictividad estructural, el análisis político aquí propuesto es también aplicable a los escenarios políticos de mayor estabilidad institucional. De hecho, sólo su aplicación asegura que no se mistifiquen las normas y procedimientos de los que una sociedad se dota en un momento dado para gestionar y articular los diferentes intereses en competición.

El Estado ha sido el espacio central de la política durante la modernidad y es hoy uno de los principales (como poco) en tiempos de la erosión posmoderna de las soberanías nacionales. Gracias al análisis político puede ser visto no sólo como un compendio de instituciones, sino como un campo de disputa, en el que diferentes actores políticos se encuentran en pugna y negociación permanente por la distribución de los recursos comunes de una sociedad. El conflicto, que está en el origen de la política, es también la razón de ser del Estado, que se mueve en la paradoja siguiente: nace para mitigar y regular el conflicto que es, no obstante, su razón de ser última, sin la cual no existiría.

Los códigos jurídicos y las instituciones serían así el resultado del pacto, entre diferentes actores, que congela un determinado equilibrio de fuerzas, subordinando a unos y privilegiando a otros, pero integrando a todos en un sistema común que asegure que sus diferencias no atentan contra la comunidad política y sus perspectivas de vida en común hacia el futuro. Se trata siempre de un arreglo temporal puesto que, construido por porciones siempre cambiantes de consenso y capacidad de imposición, puede variar cuando los sectores más beneficiados pierdan capacidad de dirección o los subalternos ganen en unidad y poder para subvertirlo. La estabilidad, entonces, lejos de ser el resultado de la inmovilidad, lo es de las continuas negociaciones y rearticulaciones de los sectores dirigentes para reacomodar su poder, desarticular el del adversario y ampliar o reforzar los pactos constituyentes con la integración de potenciales “desafiadores”.

Es por tanto a través del examen de las modificaciones, subterráneas en primer lugar, y en la correlación de fuerzas políticas en una sociedad, como se pueden explicar no sólo los cambios políticos, sino la estabilidad, la “gobernabilidad” y las políticas y normas públicas. Estas últimas, cuyo diseño, ejecución, evaluación y reformulación suelen representarse como asuntos eminentemente técnicos, están atravesadas de igual manera por el conflicto y por los arreglos institucionales temporales para armonizar diferentes opciones y preferencias en competencia. Si bien la aplicación concreta sí puede estar sometida a criterios de eficacia, la adopción de una u otra política o norma, en uno u otro momento, no puede sino ser el resultado de una decisión política, pues elige entre atender unas u otras demandas. Además, lo hace dentro de un marco de sentido, de “opciones razonables posibles”, que no tiene nada de natural, porque es el resultado de narrativas determinadas que explican los “datos” sociales en uno u otro sentido. Ya sabemos que ste es el terreno de la lucha discursiva, y en ese sentido las instituciones pueden ser entendidas también como sentido históricamente sedimentado, conjunto de procedimientos que cristalizan significados políticos compartidos y asumidos como sentido común que marca lo esperable de las administraciones públicas.

3. En la política la lucha principal es por constituir los bandos. Discurso y “guerra deposiciones”
Tampoco sería acertado, no obstante, un enfoque que redujese la política al “choque” de bandos contrapuestos, como en una pugna de intereses egoístas de suma cero. En primer lugar, porque reduciría el análisis de la política a un examen descreído de la forma en que los diferentes proyectos egoístas, inmutables, se encuentran en la esfera pública, convertida sólo en un ámbito de elección racional‐mercantil y/o de imposiciones. Una mirada tal no permitiría explicar elementos tan importantes en la vida política como las pasiones comunes, el sacrificio del bienestar o la seguridad individual para tomar parte en movilizaciones colectivas, los sentimientos de pertenencia y su variación o las emociones y significados asociados a determinadas posiciones ideológicas.

Además, tampoco permite entender la negociación como mecanismo de articulación de diferentes demandas, que modifica aquellas a las que integra, siendo el resultado algo diferente de la dinámica de sumas y restas entre actores determinados.

En segundo lugar, un enfoque tal, preso del utilitarismo, haría al analista caer en la trampa de dar las posiciones por sentadas y los sentidos políticos por anclados. El abanico de lo posible, así, se reduciría a la gestión de los equilibrios entre actores de poderes ya constituidos sobre un escenario plano, de límites ya conocidos. Este enfoque es absolutamente incompatible con la contingencia radical de la práctica política por excelencia de confrontación e institución de sentidos compartidos.

El concepto de “identidades políticas” refiere a procesos siempre abiertos de generación de solidaridades a partir de elementos comunes articulados en una narrativa que los significa produciendo un “nosotros”, siempre por diferenciación de un “ellos” (Laclau, 1994). En ese sentido, no nombra particularidades o pertenencias parciales, sino los agrupamientos que en una sociedad se dan (pero que no agotan los posibles) en torno a cualquier cuestión que pueda generar ordenamientos contrapuestos de las fidelidades (Anderson, 1991). Las identidades políticas, obvia decirlo, son por naturaleza cambiantes, y se constituyen por prácticas de significación o discursos que compiten por atribuir uno u otro significado a diferentes hechos sociales (Laclau, 1990; Fearon y Laitin, 2000; Lustick, 2000). Los motivos en torno a los cuales se produzcan los agrupamientos determinarán su orientación ideológica, y la propia correlación de fuerzas.

El concepto gramsciano de “guerra de posiciones” es central en este punto. Con él, el intelectual italiano pretendía describir el tipo de intervención política revolucionaria principal en los países “occidentales”.4 Para Antonio Gramsci, a diferencia de los Estados tradicionales, sostenidos fundamentalmente por la coacción y la represión, los modernos se sostienen, en primer lugar, por la capacidad de integración y articulación de la sociedad civil y sus instituciones (educación, iglesia, ocio, prensa, etcétera) a favor del régimen existente. Se trata, en términos de Gramsci, de:
(…) Estados más avanzados, donde la “sociedad civil” se ha vuelto una estructura muy compleja y resistente a las “irrupciones” catastróficas del elemento económico inmediato (crisis, depresiones, etcétera); las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna […] ni las tropas asaltantes, por efecto de la crisis se organizan fulminantemente en el tiempo y en el espacio, ni mucho menos adquieren un espíritu agresivo; a su vez los asaltados no se desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se encuentren entre ruinas, ni pierden la confianza en su propia fuerza y en el futuro (Gramsci, Cuadernos, V, 1975 [2000]: 62).

En estos estados, el monopolio de la violencia es sólo la última ratio, pero es el consenso, la consecución de la aceptación pasiva o activa de los gobernantes por parte de los gobernados, el pilar central en el que descansa el poder político. Perry Anderson interpreta así, en términos gramscianos, la composición del poder político en los Estados democrático‐liberales: “simultánea e indivisiblemente dominado por la cultura y determinado por la coerción” (Anderson, 1976, 1967: 6). En esta formulación, dominado significa la preponderancia y primacía del consenso y
determinado, la presencia de la coacción como garantía última.

Según esta interpretación, la tarea de quienes quieran construir poder político para los sectores subalternos, no es tanto el asalto violento de las instituciones y centros físicos de poder, como el asalto paulatino y prolongado del sentido común. Empleando una metáfora bélica, Gramsci señala que en los Estados modernos las élites dirigentes tienen las fuerzas de seguridad y el ejército sólo como última línea de defensa, antes de la cual se encuentran los nidos de alambradas y ametralladoras, todo el terreno aparentemente “apolítico” de la sociedad civil, que en realidad
legitima y naturaliza el régimen existente, reproduciendo y ampliando los consensos en los que se sostiene (Gramsci, Cuadernos, III, 1975 [2000]: 106; Bobbio, 1979: 40). Todo ejército que no contase previamente con la labor de zapa, conquista y desarticulación/rearticulación de esas. Defensas, quedaría aislado y sería derrotado en su intento de “toma” del poder.

Recogiendo esta conceptualización gramsciana del poder político, podemos decir que el análisis de la política es, en gran medida, el estudio de los fenómenos de “construcción” (más que de conquista) de ideas‐fuerza y sentido común que defiendan y sostengan un proyecto de sociedad determinado. Esto significaría, siguiendo con la metáfora belicista, que la política es el enfrentamiento previo al choque que decide su suerte, sobre todo, al determinar la composición de los bandos, sus motivos y el terreno sobre el que se enfrentan. No es que la política desaparezca cuando irrumpa la violencia, que es a menudo la señal de la máxima politización de una sociedad: de radicalización del conflicto y conversión de los adversarios en antagonistas que pueden llegar a matarse. Tampoco que sea sólo la preparación del choque violento. En realidad, ni la fórmula de Claussewitz (“la guerra es la continuación de la política por otros medios”) ni la inversión de los términos de Foucault (“la política es la continuación de la guerra por otros medios”), son exactas.

Más bien diríamos, desde el enfoque gramsciano, que la guerra es una función interna de la política, que se distingue y eleva sobre aquella porque en la política los bandos, el campo de batalla (o de negociación) y los términos del combate no están anclados, sino por construirse en la lucha discursiva. La “guerra de posiciones” es, en efecto, esa actividad de articulación que compone los bandos y los moviliza. A esos “bandos” les llamamos identidades políticas, y la movilización puede ser violenta, demostrativa o electoral, sin que ninguno de esos repertorios se excluya mutuamente o exorcice el conflicto como fundamento último de los alineamientos.

La hegemonía es, en esta “guerra” por la generación de sentidos compartidos, la capacidad de un actor político particular para encarnar el universal de una sociedad. Se puede afirmar que un actor es hegemónico cuando ha construido una “voluntad colectiva nacional‐popular” (Gramsci, Cuadernos V, 1975 [2000]: 17) o un interés general que le permite presentar sus demandas y proyecto político como en beneficio de toda la comunidad política o de su inmensa mayoría.

Estamos, por tanto, ante la forma suprema de dirección: una articulación política que asegura el consenso de los grupos dirigidos. En el caso de los grupos dominantes, es el ejercicio del poder político basado en la integración de parte de las demandas de los subalternos en su proyecto de dirección, la ampliación de su bloque histórico con la integración subordinada de una parte amplia de estos últimos, y el aislamiento y desarticulación de los núcleos resistentes de manera frontal, opuestos a su régimen.

En el caso de los grupos subalternos, su posibilidad de pasar de la contrahegemonía a la hegemonía tiene que ver con la creación de una subjetividad propia, un “nosotros” enfrentado al status quo, que pueda reclamar para sí la legitimidad de la representación de la sociedad, integrando a los grupos cuyas demandas han sido postergadas o frustradas, y a aquellos privados de horizonte de futuro, en una nueva coalición de poder que los recombine; que no los sume como partes a un todo en forma de alianza, sino que los construya como materias primas que dan lugar a
algo nuevo: un bloque social emergente con voluntad de poder (García Linera, 2011). En términos del politólogo argentino Ernesto Laclau: “una plebs que reclame ser el único pópulus legítimo” (Laclau, 2005: 192).

4. Propuesta de método para el análisis político como análisis discursivo. Elementos
principales a identificar

Como propuesta de concreción del análisis político, se sugieren a continuación algunas categorías a identificar en los procesos o escenarios complejos, que pueden ayudar a diseccionarlos sin perder por ello sus matices ni dinamismo.
Las identidades políticas, los alineamientos que ordenan el campo político de una sociedad dada, no se derivan en modo alguno, ya hemos afirmado, de condiciones naturales, sino que son el resultado de prácticas de construcción. El análisis político debe ser capaz de identificar las principales narrativas o discursos que pugnan por explicar los hechos sociales y producir, en torno a ellos, unas u otras actitudes o comportamientos. Se trata de aislar, de entre todo lo dicho, actuado y generado, aquellos dispositivos que generen los sentidos más compartidos, los que en la práctica orienten más las percepciones y valoraciones políticas de los ciudadanos.

Los discursos, es preciso aclararlo, no se reducen a los textos o intervenciones orales, sino que incluyen todas las prácticas, institucionales y supuestamente no políticas, que construyen significado político a partir de determinados hechos sociales: un artículo de prensa, el “saber popular” expresado en las familias, las homilías del cura en la iglesia, pero también el comportamiento de la policía, la forma de traducir votos en escaños en las cámaras de representación o los códigos legales son prácticas discursivas en tanto despliegan y reproducen (o modifican) sentido compartido.

Por tanto, más que tratar de identificar en un proceso político o en la práctica de un actor determinado los “elementos discursivos”, se sugiere la posibilidad de deconstruir su genealogía, motivaciones e intervenciones en el escenario político como prácticas destinadas (en los contextos democráticos) a generar y movilizar diagnósticos compartidos que estimulen a la acción en pos del poder político‐económico o de la influencia en quienes lo ostentan. Lo que hay que buscar en cada caso no son sólo las manifestaciones gráficas, escritas o verbales de un actor, sino el marco de significado desde el que la realidad social es procesada, explicada y ordenada para generar determinados posicionamientos, en el entendido de que es en esta competición de interpretaciones de los hechos sociales y su inscripción en narrativas diferentes donde se dirime qué proyectos políticos tienen mayor o menor capacidad de seducir a sectores amplios de una sociedad encarnando el “bien común” y aspirando así legítimamente al poder político.

Los discursos parten siempre de demandas o problemáticas sociales que son resignificadas como problemas políticos a partir del momento en que ya no se representan como casualidades o males ante los que sólo cabe la resignación, y son inscritos en un relato que identifica diferentes elementos en los cuales deconstruir un discurso. Se siguen, para esta propuesta metodológica, los trabajos de Ramón Máiz (1986, 2003, 2004, 2007) que combinan con especial capacidad de síntesis las aportaciones de la teoría política, del estudio de las identidades políticas y del frame analysis o “análisis de marcos” como técnica para el estudio de las estrategias discursivas de los actores políticos.

Así, los elementos resultantes que componen el discurso como narrativa productora de sentido político, son los que siguen:
– Un “nosotros” que padece la problemática.
– Un “ellos” responsable de la injusticia.
– Una propuesta de solución imaginable como alcanzable.
– Una motivación, referentes o aglutinantes simbólicos para la movilización en pos de los objetivos comunes del “nosotros”, ahora en constitución. En este paso, el nombre que designe a ese “nosotros” es clave, y de él dependerá gran parte de sus capacidades de legitimación, interpelación y seducción de otros sectores.

Estos elementos conforman una “lista mínima” de componentes del discurso, en la medida en que ningún proceso de identificación política (de generación de solidaridades compartidas imprescindibles para la acción colectiva con pretensiones d e universalidad; es decir: política) puede prescindir de ninguno de ellos (Mouffe, 1995: 262‐263; Máiz, 2003). Todo análisis político encaminado al estudio de los procesos de disputa por el sentido debe, entonces, aislar e interpretarestos elementos en los discursos principales en una situación dada.

A través de esta operación se puede aprehender el modo en el que todo discurso ordena en un cierto sentido el campo político, produciendo alineaciones y agrupamientos determinados en torno a una agenda determinada y no a otra. Es la batalla por constituir los bandos, los códigos y la topografía del propio campo de batalla.

En esta ordenación es clave identificar, además de los cuatro elementos ante señalados, la dimensión ganadora y el afuera constitutivo. La primera es aquella privación, aquella demanda, que juega un papel central de articulación del resto de motivos de una movilización o pertenencia colectiva. Esta cuestión estará siempre en tensión entre su concreción particular y su capacidad de representar un conjunto más amplio, tendencialmente universal, de significado y proyecto político.

Y es esta tensión la que marca la capacidad hegemónica: de un particular para encarnar el universal (Laclau, 2005: 95). De ella depende además, en gran medida, el contenido ideológico de la identidad construida, pues de ella se derivarán los antagonistas (o adversarios) y las impugnaciones que reciben, el carácter de la movilización y, hasta cierto punto, los fines proyectados: las políticas públicas para la solución de la injusticia. (Errejón, 2011: 83). El exterior constitutivo, por su parte, es el enemigo o adversario que asegura la cohesión interna del colectivo, su límite externo, que es a un tiempo negación y condición de posibilidad del “nosotros” (Laclau y Mouffe, 1985: 137; Laclau,
1990: 17). Quién sea ese “afuera” y qué relación se tenga con él marcarán también, en gran medida, el contenido político de la identidad construida y, así, de la posible articulación hegemónica que aspira a reordenar el escenario político a su favor y, eventualmente, ejercer el poder político e implementar políticas y normas públicas en coherencia con su contenido.

Como es obvio, los discursos casi nunca se presentan en forma ordenada y cohesionada en la realidad. Su capacidad de calar y resonar en el “sentido común” de época5 tiene que ver con su apelación a aquellos conceptos vividos de manera espontánea como naturales, positivos y “apolíticos” (Zizek, 2007: 15). La lucha política es, por tanto, en gran medida la lucha por apropiarse de estos términos que son altamente valorados por una colectividad, pero que, debido a su sobresaturación (todos los discursos en competencia sobre ellos) están tendencialmente vacíos, se
encuentran flotantes. “Democracia”, “Justicia”, “Futuro”, “Juventud” u “Orden” son algunos de los ejemplos más destacados, de los que ningún actor político puede enajenarse, pero que son susceptibles de recibir contenidos ideológicos y concreciones prácticas de lo más diversos, incluso contradictorios. Se trata de significantes (o continentes) sobre los que se producen pugnas políticas clave para atribuirles un significado (o contenido) particular, sin perder por ello su capacidad de convocatoria y legitimación universal.

Un discurso exitoso es aquel, por tanto, que mantiene un pie en los consensos existentes, y el otro en uno por generarse, alternativo, de tal manera que puede vincular determinadas propuestas a los “núcleos de buen sentido”, los nodos más aprovechables del sentido común de época.

5. A modo de resumen: algunas ventajas del análisis político como estudio de la disputa por los significados compartidos
Hasta aquí se han esbozado algunas ideas sobre lo que puede ser un análisis político, de cuño gramsciano, que entienda las normas, estructuras y políticas públicas como el resultado sedimentado de correlaciones de fuerza siempre cambiantes. Al privilegiar el conflicto, esta perspectiva no excluye la posibilidad de la estabilidad institucional, sino que, al contrario, la explica como el equilibrio contingente entre diferentes actores en torno a un sentido político compartido que explica la realidad social de una determinada forma y realiza un reparto legítimo de roles en la esfera pública entre los diferentes individuos y grupos. En esta visión, el cambio político, lejos de ser una anomalía, es un resultado normal, entre otros posibles, de la disputa por el sentido y la articulación de grupos sociales en sujetos políticos con proyectos referidos a la cosa pública.

La relativa complejidad teórica de algunos de los conceptos propuestos requiere, es cierto, un aparato categorial y metodológico sofisticado. A cambio, sin embargo, brinda la posibilidad de una representación de la realidad política que, aunque simplifica (pues toda representación es siempre resumen y simplificación) no esclerotiza ni mistifica los fenómenos políticos y los entiende, más bien, en términos de procesos abiertos que pueden sedimentar importantes continuidades, pero que están presididos por la contingencia y el conflicto.

En esta forma de pensar, estudiar y explicar los fenómenos políticos, los sentidos no pueden darse por constituidos, los alineamientos por fosilizados, ni los resultados por eternos. Se trata, entonces, de captar los movimientos que pueden alterar los equilibrios institucionalizados para modificarlos en uno u otro sentido y medir sus posibilidades de influencia y los efectos plausibles de uno u otro desplazamiento.

Si la política fuese una guerra, el cometido primero del analista sería explicar quiénes componen los diferentes bandos (pues casi nunca hay dos), por qué luchan, cómo se organizan, qué posibilidades tienen de ampliarse o reducirse sus filas, cuál es su relación con el (los) adversario(s), qué procedimientos regulan el campo de batalla y qué proyectos están en liza. Si fuese vista como ajedrez, sería uno muy particular, en el que la disposición del tablero y la composición y valor de la fichas no serían un dato de partida, sino uno de los principales motivos de contienda y, por tanto, de estudio.

Por último, esta propuesta de análisis tiene la virtud de separar de forma nítida las preferencias y compromisos subjetivos de la labor de leer e interpretar los procesos políticos. No se trata de una pretensión aséptica de neutralidad que casi siempre, en la Ciencia Política de matriz liberal, esconde la no problematización de premisas fuertemente ideológicas que condicionan cada vez en el mismo sentido los resultados posteriores. Tampoco de desear que el analista esté “por encima” de los compromisos políticos, porque éstos son consustanciales al ejercicio robusto de la ciudadanía y de la política, y es a través de la participación de esta índole que se valida o falsea gran
parte de las ideas generadas en el trabajo teórico, por lo que el estudioso de la política haría mal en pensarse o quererse fuera de su esfera política.

Sin embargo, este enfoque permite, desde la asunción de que las razones y cuestiones que pueden ordenar el campo político son casi inacabables, y desde la premisa de que las identidades son resultados de procesos de construcción, evitar cualquier tentación esencialista. Que la política sea una actividad de construcción y no de “expresión” de la verdad que espera a ser representada refuerza, contrario a lo que podría parecer, la necesidad de adopción de valores éticos sólidos que inspiren y orienten las prácticas de construcción de sentido. Esta perspectiva, así, favorece la
distinción conceptual entre análisis y compromiso, sin establecerlos como contrarios, sino como dos fases diferentes pero de necesaria complementariedad en la política. Permite, así, al analista un trabajo riguroso, contrastable y de alcance teórico.

1 Agradezco los comentarios de los evaluadores de RELACSO, la mayoría de los cuales ha sido incorporada a la
versión última de este texto. También a Manuel Canelas por la lectura y discusión de la versión primera de
este artículo.
2 El proceso de redacción de este artículo se ha visto atravesado por la irrupción en la esfera pública española del movimiento de los “indignados”, que precisamente cuestiona la calidad democrática de un sistema político en el que las élites comparten, en lo sustancial, los mismos postulados y la voluntad popular está supeditada a los dictados de los organismos financieros internacionales, por lo que la contraposición de ideas y proyectos, consustancial para la democracia, ha sido excluida a los márgenes del sistema de representación.
Es por ahora imposible predecir cuál será la concreción política de este movimiento, de tanta potencia como ambivalencia, pero sí se puede constatar que es, en primer lugar, un intento masivo de impugnación de la deriva “postpolítica” hasta ahora imperante en España y Europa. Para una reflexión sobre el movimiento 15M, contemporánea a su desarrollo, ver: (Errejón, 2011c).

3 Un exhaustivo examen de los diferentes enfoques en los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales, puestos en relación con sus respectivos contextos histórico‐políticos, puede encontrarse en Iglesias (2008).

4 “Occidente”, como se sabe, no es un término geográfico sino político‐cultural, que hace referencia a las sociedades capitalistas avanzadas con sociedades civiles desarrolladas y un peso importante de los componentes “superestructurales” (Portantiero, 1999). Gramsci acuña el término, en primer lugar, para pensar los problemas, a comienzos del siglo XX, de la unidad de la clase obrera industrial de las ciudades del norte de Italia con el campesinado del sur; en segundo lugar, para discutir en el seno del movimiento comunista internacional sobre la aplicabilidad directa de la estrategia bolchevique de toma insurreccional del poder, en los Estados más desarrollados, sostenidos por una tupida red de instituciones civiles que generan consenso entre los gobernados

5 Por “sentido común de época”, Gramsci entiende “una concepción del mundo difundida en una época histórica en la masa popular” (Gramsci, Cuadernos III, 1975 [2000]: 327). Se trata de una construcción móvil que mezcla de forma desordenada nociones de muy diferentes procedencias arraigadas en las costumbres como sabiduría popular, una suerte de “filosofía de los no filósofos” en la que se encuentran, bajo el dominio de una visión del mundo propia de los grupos dirigentes, también temas y aspiraciones de los subalternos (Gramsci, Cuadernos I, 1975 [2000]: 140). Una magnífica formulación que profundiza y a la vez sintetiza el crucial concepto gramsciano de “sentido común” puede verse en los trabajos de Stuart Hall (Hall, 1996: 431‐ 433) que, en general, son de gran interés para entender la influencia del pensamiento de Antonio Gramsci en los llamados “Estudios Culturales”, en la actualidad tan en boga en los ámbitos académicos europeos y estadounidenses.

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