Una situación de emergencia social

La situación de emergencia social que vive España está fuera de toda duda. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE (2014), más de 10 millones de personas viven en hogares con ingresoºs bajo el umbral de la pobreza. El 30,1% de los menores de 16 años viven en hogares por debajo de dicho umbral. Más de 13 millones de personas, según el indicador AROPE, están en riesgo de pobreza o exclusión y casi 3 millones viven en condiciones de pobreza severa. Dos millones y medio de trabajadores viven en hogares pobres. Nuestro sistema fiscal y de protección social es muy poco redistributivo y está muy fragmentado administrativa y territorialmente, generando inequidades e inconsistencias.

La conclusión debería ser clara: necesitamos un plan integral de garantía de rentas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Necesitamos una acción decidida en pos de la redistribución de la renta, la suficiencia de las prestaciones y la equidad del sistema de garantía de mínimos en general. Un plan formulado como derecho ciudadano, no como caridad: sin controles humillantes que no se imponen a los ricos cuando reciben cuantiosas desgravaciones fiscales. Un plan que libere a los trabajadores sociales para hacer de verdad el trabajo que quieren hacer y combata las situaciones de pobreza y necesidad, en vez de controlar a los beneficiarios (cuando el auténtico fraude está, lo sabemos todos, en otra parte).

La propuesta de Podemos es un ambicioso plan de garantía de rentas que se enmarca dentro de un completo conjunto de medidas de política económica y laboral, como la regulación del mercado de trabajo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, una reforma fiscal progresiva, y medidas para orientar el crecimiento hacia la creación de empleo de calidad. Todo ello se combina, además, con otras muchas iniciativas de reconstrucción y expansión de nuestro dañado Estado de bienestar.

La renta garantizada

En la presente situación, el modo más inmediato y alcanzable de combatir la pobreza es la instauración de una renta garantizada. Existen dos grandes diferencias entre una renta garantizada y las actuales rentas mínimas de inserción: en primer lugar, una renta garantizada se plantea como un derecho subjetivo que cualquier ciudadano puede invocar ante los poderes públicos si carece de ingresos suficientes para alcanzar un umbral de renta previamente definido. La demostración de esa carencia de ingresos puede perfectamente llevarse a cabo de forma no invasiva ni humillante para el solicitante, simplemente comprobando los datos fiscales y de la Seguridad Social, y, en todo caso, recayendo sobre la Administración la carga de la prueba al respecto. En segundo lugar, con una renta garantizada se eliminarían (o se harían muy laxas) las condiciones de conducta laboral o de inserción (aunque puedan mantenerse programas voluntarios con ese objetivo); la experiencia muestra que dichas condiciones han venido impuestas más bien por una mentalidad neopuritana que considera a los pobres como vagos potenciales (no así a los rentistas y los ricos que reciben cuantiosas subvenciones fiscales) más que por su eficacia real en la inserción laboral.

Nuestro plan incluye como medida central la instauración de una renta garantizada de 600 euros como cuantía básica, que iría aumentando con cada miembro adicional del hogar en función de una escala de equivalencia (0,35 para el primer miembro adicional y 0,20 para los restantes). Se trata de una prestación que complementaría las rentas existentes en el hogar hasta la cuantía que corresponda según la composición del mismo, contabilizando las prestaciones ya existentes. Se reconocería como derecho ciudadano y estaría vinculada únicamente a disponer de unos ingresos por debajo del umbral por hogar. La Administración estaría obligada a reducir al máximo los tiempos de espera para atender las solicitudes y los servicios sociales a realizar una tarea activa de detección de beneficiarios potenciales para evitar las lagunas de cobertura. El hecho de que los umbrales se calculen por hogar no impide que se puedan estudiar formas de individualización del cobro de la prestación que corresponda al mismo, dividiéndola entre sus miembros adultos.

La renta complementaria

El plan de garantía de rentas establece, además, un umbral complementario básico de 900 euros (con otra escala de equivalencia por miembros adicionales del hogar) para quienes teniendo ingresos demostrables y legales por trabajo no alcancen esa cuantía (este tipo de medida ya funciona con éxito hace años en Euskadi y en otros países europeos). De este modo, se elimina cualquier desincentivo al empleo y se pone en manos del trabajador la subvención al empleo que hoy se otorga, de manera a menudo ineficaz, a los empresarios. Al pagarse este complemento a partir de un mínimo de 250 euros mensuales y complementarse con la subida del SMI y una regulación garantista de la contratación, se evitan abusos y fraudes, al tiempo que se desincentiva el trabajo sumergido y los minijobs.

A diferencia de otras propuestas como la de Ciudadanos, la renta complementaria incluida en nuestro plan es netamente redistributiva en favor de los trabajadores con bajos salarios. Tampoco deja desprotegidas a las personas sin ingresos por trabajo, al complementarse con la renta garantizada. Un complemento de renta así diseñado no penaliza, como las actuales rentas mínimas, a quienes aceptan un empleo mientras están cobrando una prestación: la prioridad es apoyar al trabajador, no bonificar a las grandes empresas. La pérdida de las prestaciones cuando se accede al empleo constituye el lado antisocial de la conocida “trampa de la pobreza” o “del desempleo”, que nada tiene que ver con los discursos sobre la llamada “cultura de la dependencia”, sino, bien al contrario, con el trato inequitativo que sufren quienes están en situaciones de carencia de ingresos respecto de quienes tienen ingresos suficientes para declarar por IRPF. Las políticas pre-distributivas y de mercado de trabajo, si bien necesarias, difícilmente pueden dar cuenta en su totalidad de este problema.

Puesta en práctica y financiación

Obviamente un plan tan ambicioso como este se implementaría por etapas, dando prioridad a la pobreza severa y la pobreza infantil: nuestro plan garantiza un umbral mínimo de 120 euros mensuales adicionales por cada persona a cargo que viva en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, y en coordinación con un plan de rescate ciudadano, se estudiarán e implementarán medidas complementarias de urgencia en campos como la vivienda y la energía. El plan puede articularse mediante acuerdos finalistas con las comunidades autónomas o utilizando la administración de la Seguridad Social.

El coste neto de aplicación de este plan en su integridad se puede estimar a partir de los datos de la ECV –los que mejor estiman rentas en España– en unos 15.000 millones de euros: casi 10.000 de la renta garantizada más 5.000 de la renta complementaria. Se verían beneficiados más de 3,3 millones de hogares –1,3 con presencia de menores–, que incluyen a 8,5 millones de personas. Un objetivo prioritario como es la erradicación de la pobreza infantil se conseguiría con un gasto de unos 4.000 millones, algo asumible ya en una primera fase de implementación.

Dichos costes pueden ser financiados por fases en un escenario de crecimiento económico plausible para los próximos años, con una moderación del ritmo de reducción del déficit, una reforma fiscal progresiva y una política económica que priorice las necesidades de las personas más vulnerables y la creación de empleo de calidad. El coste neto del programa debería ir descendiendo progresivamente conforme las tasas de pobreza se fuesen reduciendo y los niveles de empleo de calidad fuesen aumentando. Ello permitiría ir actualizando las cuantías y los umbrales por hogar de forma que se consiguiese la práctica erradicación de la pobreza monetaria –y no sólo de la pobreza severa y la pobreza infantil– en algo más de una legislatura. No es un objetivo menor, y sería el nuestro el primer país avanzado en acercarse tanto a esta meta.

Un plan ambicioso, novedoso y viable

El objetivo fundamental del plan es, por tanto, acercarnos lo máximo posible a la práctica erradicación de la pobreza mediante el reparto adecuado del crecimiento económico que es razonable esperar en los próximos años. Otras propuestas de garantía de ingresos, por el contrario, no lograrían dicho objetivo con iguales o menores recursos, sino que o bien quedarían lejos de acercarse al mismo –es el caso del “trabajo garantizado” planteado por Izquierda Unida o el “ingreso mínimo vital” del PSOE–, o bien, como la renta básica universal, lo conseguirían a un precio presupuestario o una expectativa de crecimiento mucho mayor, que haría que el combate contra la pobreza tuviera que esperar a reformas y actuaciones de enorme calado, impidiendo además abordar otras necesidades perentorias en otros ámbitos de nuestra sociedad. Con cualquier cantidad dada de recursos disponibles, un plan de garantía de rentas como el descrito cubrirá más rápidamente a una cantidad mayor de personas y familias que viven en condiciones de pobreza, respondiendo así a su situación con la urgencia que merece.

El plan constituye, por tanto, un importantísimo avance social en el contexto actual, sin dejarse atrapar en ninguna de las trampas donde muchos querrían ver caer a un gobierno de Podemos. Un plan como el presentado aúna novedad, ambición, rigor técnico y viabilidad. No es momento de maximalismos de academia ni de parches incompletos, sino de atajar el crecimiento de la pobreza y la desigualdad mediante una actuación decidida y aplicable en una legislatura. El objetivo lo vale y millones de ciudadanos lo necesitan.